El retraso de la entrada en vigencia del reglamento que regula la venta de varillas en el país por una medida cautelar solicitada por la Asociación de la Cámara Costarricense de la Construcción hizo que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) tomará la decisión de facilitar el expediente con el trabajo y estudio técnico llevado a cabo por los sectores involucrados (importadores, productor nacional, comerciantes, académicos, cámaras empresariales) para demostrar que existe transparencia en el proceso.
En el MEIC insisten en que no hay nuevas disposiciones, sino que solo hay regulaciones en parámetros obligatorios.
“El reglamento no establece ningún requisito nuevo a las varillas, por cuanto recopila en una sola regulación los parámetros de aplicación obligatoria ya establecidos en un reglamento anterior (de 1981) y en el Código Sísmico de Costa Rica vigente desde 1986 y que se mantienen en el nuevo Código Sísmico del 2010. Lo que refuerza este reglamento es el proceso de verificación del cumplimiento de estas disposiciones técnicas aplicables tanto al producto nacional como importado”, explicó la cartera.
Este es el segundo atraso que se registra para la entrada en vigencia del Reglamento Técnico de Varillas, debido a que ya el MEIC hizo una postergación para atender inquietudes que tuvieron en la Cámara de la Construcción y algunas empresas importadoras, en la cual mediante cuatro sesiones de trabajo aclararon que la intención es cumplir con requerimientos técnicos aceptados internacionalmente, no establecer nuevos requisitos.
SEGURIDAD PRIMORDIAL
El ministerio es consciente que la verificación de las exigencias podría tener un costo adicional, sin embargo recalcan que es por la seguridad de la ciudadanía.
“El Reglamento no establece nuevas disposiciones técnicas, sino que mantiene las que ya establecía el Código Sísmico. Lo que eventualmente podría tener algún costo adicional es la exigencia de demostrar que se está cumpliendo con las especificaciones técnicas que contiene el reglamento.
La medida responde a la necesidad de proteger la seguridad y la vida de las personas, garantizando el uso de productos de calidad en las construcciones, sobre todo en poblaciones vulnerables como las que acceden a las viviendas de interés social”, aseguraron.