El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) no podrá continuar con el estudio que realiza sobre la pesca de camarón, con el cual intenta reactivar la pesca de arrastre en aguas nacionales.
Lo anterior debido a que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda declaró con lugar la nueva medida cautelar presentada por Fundación MarViva.
El Contencioso tomó esa decisión por existir peligro inminente y de difícil reparación para los ecosistemas marinos.
“En criterio de este Despacho, la prueba aportada a los autos contiene evidencias de una situación de extrema urgencia (artículo 25 del CPCA), vinculada con la tutela del ambiente y los derechos fundamentales consagrados en el numeral 50 de la Constitución Política, que justifica su adopción sin ese trámite de manera previa”, refirió el Tribunal.
Con base en esa resolución, el Incopesca deberá suspender por completo las faenas de pesca y cualquier otro acto conexo que habilite la ejecución del estudio, incluyendo nuevos permisos de pesca.
“Este es un paso firme hacia la protección de nuestros ecosistemas marinos y la defensa de los recursos pesqueros de los cuales dependen miles de pescadores artesanales y sus familias”, expresó Katherine Arroyo, directora ejecutiva de MarViva.
La medida cautelar se extenderá hasta que el Contencioso dicte sentencia definitiva sobre la demanda que presentó la organización no gubernamental, la cual cuestiona la validez de la investigación que anunció el presidente Rodrigo Chaves en 2022.
En este momento el mandatario informó que se realizarían nuevos estudios técnicos para reactivar la pesca de camarón en los mares costarricenses.
“En medio de inconsistencias y falta de transparencia, así como la insistencia de algunos, este estudio está cargado de carencias técnicas y metodológicas, lo que representa un riesgo muy alto para el mar, las economías costeras y las finanzas públicas”, dijo Arroyo.
Por su parte, Emanuel González, de la Cámara Puntarenense de Pescadores, cuestionó que la agrupación ecologista se opusiera a la realización de investigaciones técnicas, que podrían certificar o desechar la afectación de la pesca de arrastre al ecosistema.
“Nos sorprende que siendo una oenegé que luche por el bienestar de los mares se oponga a la realización de un estudio técnico que va a demostrar la sostenibilidad de la actividad pesquera”, comentó el representante de los pescadores.
MARVIVA Y GOBIERNO
En días recientes el Gobierno de la República anunció que no continuaría con los proyectos de colaboración con MarViva, a lo que el grupo ambientalista respondió que se debía a su posición sobre la pesca de arrastre y la protección de los tiburones.
El Poder Ejecutivo trabajaba junto con la oenegé el proyecto Transforma-Innova, iniciativa entre el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) e Incopesca.
“Han exigido que la Fundación sea excluida de su rol de implementador técnico de un proyecto de cooperación, del cual ha sido parte desde que fue formulado en el año 2019”, denunció MarViva.
El objetivo de dicha iniciativa es la transformación de sistemas agrícolas y pesqueros en modelos de producción bajos en carbono, a la vez busca un manejo efectivo de los recursos marinos y costeros.
El proyecto continúa con los otros socios del Gobierno: Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), Conservación Internacional (CI), Fundación CR-USA, Fundación Banco Ambiental (Funbam) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).