Un psiquiatra de apellidos Mora Ávila, quien labora en el Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, junto con un emergenciólogo apellidado Solís Blanco, cobraban hasta ¢600.000 por extender incapacidades psiquiátricas.
Según reveló el Ministerio Público, Mora solicitaba el dinero para realizar las boletas y a un solo paciente le habría cobrado ¢150.000 durante cuatro meses.
La Fiscalía de Anticorrupción señaló que existen cerca de 25 hombres y mujeres que registran incapacidades sospechosas, incluso habrían cambiado su domicilio en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) para ser atendidos en el hospital puntarenense.
Dichas personas serían funcionarios de los ministerios de Educación Pública, Justicia y Paz y del Poder Judicial.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detalló las acciones realizadas en varios puntos de Puntarenas.
“Agentes de la Sección de Anticorrupción realizaron siete allanamientos, vinculados con un posible caso de concusión, en el que figuran como sospechosos tres funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Dentro de las diligencias se allanaron las casas de los investigados, los tres consultorios dentro del Hospital Monseñor Sanabria y la Dirección de Tecnología de Información de la Caja”, relató.
Desde el centro médico indicaron que “las autoridades informan que estas gestiones son concordantes con las actividades de control interno que ejerce la administración activa del centro médico, mediante la revisión constante”.
