La empresa constructora MECO S.A exigió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que los dejen participar de los contratos de mantenimiento vial.
El reclamo se dio tras la orden que diera Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, decidieron no entregar a las empresas vinculadas en el expediente judicial Cochinilla, entre esas, MECO.
Fue el 23 de junio cuando el ministro anunció que la institución había arrancado con el proceso de preparación de un nuevo cartel de licitación sobre los concursos de mantenimiento de los 7.000 kilómetros que conforman la red vial nacional.
Incluso a MECO se le quitó el trabajo de la intervención del antiguo puente Saprissa, el cual saldrá a licitación en los próximos meses. “Conocidos los hechos que han afectado la transparencia, la legalidad y la ética en la ejecución de los contratos vigentes, he tomado la decisión de que los 22 contratos (20 de los cuales están suspendidos desde el año anterior) no serán ampliados en favor de las empresas actualmente adjudicadas.
Aunque ello suponga el sacrificio nacional de no contar por un periodo de tiempo con los servicios de mantenimiento vial. Ese sacrificio se verá oportunamente compensado con más transparencia y más participación en las labores de mantenimiento vial del país”, declaró el ministro en aquel entonces.
CAPACIDAD FINANCIERA
La constructora MECO se encuentra en total capacidad financiera y operativa para participar en las contrataciones directas de mantenimiento y conservación de rutas en la red vial nacional.
“La Ley de Contratación Administrativa en su Artículo 5 señala claramente que “en los procedimientos de contratación administrativa, se respetará la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales.
Los reglamentos de esta Ley o las disposiciones que rijan los procedimientos específicos de cada contratación no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes potenciales”, señalaron desde la constructora.
Recalcaron que no existe ninguna medida cautelar que prohíba a la constructora MECO participar de licitaciones o ser sujetos de adjudicación a concursos o firmar contratos con el Estado o municipalidades.