Un nuevo informe sobre el caso Diamante, en el que se analizó el posible establecimiento de una red de corrupción en la contratación de obra pública en ocho municipios, podría ser presentado a este mes.
En el texto preliminar elaborado por Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público, que estudió el tema bajo el Expediente No.23.206, se indica que la Constructora MECO en menos de cinco años logró acaparar el 100% de los proyectos viales en varios cantones.
Asimismo, señala una serie acciones en las que se sospecha se habría dado el pago de dádivas a funcionarios municipales y políticos, con el fin de amarrar licitaciones en los cantones de San José, Escazú, Siquirres, Osa, Alajuela, Golfito, San Carlos y Cartago.
De acuerdo con Dinorah Barquero, presidenta de esa comisión, se trata de un borrador del documento que cada uno de los miembros del órgano legislativo debe analizar, con el fin de establecer si será un informe de mayoría.
El objetivo es compartir los hallazgos el Ministerio Público, que se sumarán a los entregados por la comisión especial creada en la legislación anterior, que presentó los resultados en marzo de 2022 bajo el Expediente No.22546. El documento destaca la supuesta participación de Carlos Cerdas, dueño de MECO, el gerente general Alejandro Bolaños y el gerente de Unidad Asfaltos, Luis Fernando Gutiérrez, así como de José Daniel Cruz, de la empresa Explotex, en cuatro conversaciones sobre entregas de dádivas y sobornos.
Según indican los diputados, se ofrecía dinero, vehículos, construcciones y arreglos de viviendas a cambio de ser favorecidos en numerosos proyectos de licitación en materia de construcción, conservación vial y obra pública en los municipios.
Esto se habría realizado a través de la existencia de una “compleja red de corrupción que ha trascendido las relaciones convencionales entre contratantes y contratistas”.
“Este entramado corrupto no se limita a la ejecución de delitos convencionales, sino que demuestra un patrón sistemático y sofisticado de corrupción, establecido y fortalecido a lo largo de los años en diferentes municipios”, señala el documento.
ALCALDES DETENIDOS
San José: Johnny Araya, Partido Liberación Nacional
Alajuela: Humberto Soto, Partido Nuestro Pueblo
San Carlos: Alfredo Córdoba, Partido Liberación Nacional
Cartago: Mario Redondo, Partido Alianza Democrática
Escazú: Arnoldo Barahona, Partido Nueva Generación
Golfito: Gustavo Alonso Mayorga, presidente Concejo Municipal, Partido Nueva República
CASO DIAMANTE
El caso Diamante se dio a conocer el 15 de noviembre de 2021, cuando el OIJ ejecutó 40 allanamientos simultáneos y detuvo a 13 personas, incluyendo alcaldes y funcionarios de ocho municipalidades.
NO REACCIONAN
DIARIO EXTRA consultó al equipo de comunicación de MECO por una reacción a este nuevo informe legislativo, sin embargo, al cierre de edición no recibimos respuesta.
DESTACAN LABOR DE AUDITOR
El informe destaca el trabajo desempeñado por Israel Barrantes en su calidad de auditor interno de la Municipalidad de San José, quien desempeñó un rol crucial en la identificación y denuncia de irregularidades. Durante su gestión realizó diversas denuncias penales y administrativas, demostrando un compromiso activo en la lucha contra la corrupción. Desde 2011 ha presentado un total de 44 gestiones penales y 61 informes de relaciones de hechos, además de 1.929 informes de aseguramiento.
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
Según el informe, se dio una transacción bancaria en la cuenta del entonces alcalde proveniente de MECO, por un monto de ¢15 millones. Esta transacción, junto con otras evidencias del informe del OIJ, indica que Córdoba aceptó dádivas y promesas de retribución a cambio de su intermediación con el exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la adjudicación de proyectos como la ruta nacional 250. Señala también trabajos en una finca privada para la aprobación de proyectos.
MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ
El alcalde aceptó sobornos y dádivas de la empresa a cambio de favorecerla en los procesos de licitación pública. Entre los beneficios recibidos se incluyen dinero en efectivo, vehículos y trabajos de construcción, como la entrega de chompipas de cemento para un proyecto en la casa de su madre. Además se confirmó que el jerarca municipal ordenó la destrucción de documentos relevantes después de los allanamientos del caso Cochinilla, demostrando un intento de encubrimiento y obstrucción de la justicia.
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Los informes y auditorías realizadas han demostrado que MECO se benefició de una concentración desproporcionada de contrataciones en la Municipalidad de Alajuela. En el periodo 2012-2013 obtuvo el 86,6% del total del presupuesto destinado a proyectos de infraestructura vial con montos de ¢775.983.498 y ¢613.299.203, respectivamente. Este patrón de concentración continuó durante los años siguientes, eliminando la competencia y consolidando la posición dominante de esa constructora en el mercado de la construcción pública.
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO
De acuerdo con el expediente del OIJ, el alcalde se reunió en varias ocasiones con el gerente de MECO en un vehículo dentro del parqueo de un centro comercial. Estas reuniones, captadas en conversaciones interceptadas, revelan que el gerente estaba dispuesto a entregarle dinero. La investigación indica que el jerarca municipal utilizó su posición para favorecer a la constructora en la adjudicación del proyecto Red Vial Cantonal de Cartago, valorado en ¢756 millones, e intervino para retrasar el proceso de adjudicación hasta que asumiera como alcalde.
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
Las supuestas irregularidades encontradas incluyen sobornos, tráfico de influencias, destrucción de documentos y modificaciones unilaterales de contratos. Señalan la existencia de audios y documentos que demuestran la participación del alcalde y otros funcionarios municipales en una serie de prácticas ilícitas diseñadas para beneficiar a MECO en procesos de licitación y contratación de obras públicas. Los sobornos supuestamente incluían tanto pagos directos como construcción de obras privadas en propiedades pertenecientes al alcalde.