“Me siento desgraciado”

Gerardo Sandí Sandí, exgerente financiero de Yanber, está acusado por estafa y permanece en la cárcel para adultos mayores. Un equipo periodístico de DIARIO EXTRA lo visitó en la cárcel para conversar sobre uno de los casos judiciales más sonados del país en los últimos años. 

Yanber mantenía una deuda de $56 millones con cuatro bancos del Estado, de los cuales alrededor de $37 millones corresponden a préstamos otorgados 7 meses antes de que solicitara un proceso para evitar declararse en quiebra.

Las autoridades judiciales procedieron con una serie de allanamientos mediante los cuales detuvieron al dueño de la empresa, Samuel Yankelewitz; al exgerente general de apellidos Soto Bolaños; el otro exgerente financiero, apellidado Paniagua Moya; y el exdirector financiero Brenes Chaves.

Este privado de libertad de 72 años de edad y con un padecimiento ciático, trabajó 29 años en la empresa de manufactura de plásticos, donde pasó de estar en una oficina a convivir con personas vinculadas a delitos sexuales. 

“Trabajé en la empresa de mayo de 1985 a enero del 2014; cuando me detienen el 14 de febrero del 2018 no era empleado, iba con mi pareja a cortarme el cabello cuando llegaron los agentes del OIJ quienes se llevaron mis dos computadoras y dos teléfonos celulares”, narró. 

Agregó: “He laborado 48 años de mi vida y ahora me siento desgraciado, la salud no es igual, la pensión no me alcanza. Mi pareja de casi 80 años está sola en la casa, ella me visita junto a mis tres hijos una vez por semana. Nunca tuve problemas con la ley”, recalcó.

Visiblemente afectado, este hombre no pierde la fe de recuperar su libertad y asegura que no cometió ningún hecho delictivo.

“Estoy aquí por sospechas de que firmaba estados financieros y se mandaban maquillados a los bancos. Se entregó todo, aparte de los activos fijos de la empresa como terrenos y edificios. También toda la maquinaria, tanto en Costa Rica como en Panamá, Colombia y Nicaragua, así como las acciones que eran como ¢6 mil millones; actualmente está trabajando para pagar los gastos y a los proveedores”, afirmó. “En el 2009 la situación en el mercado se puso muy fea, exportábamos a 21 países, Samuel me pidió que me quedara un tiempo, hicimos un convenio por servicios profesionales y en el 2012 tuve discrepancias con él, se estaba endeudando con los bancos porque quería equipo de última generación, le dije que debía tener cuidado porque podíamos no pagar, situación que no le gustó para nada, me fue apartando y me despidió”, explicó.

Este amante de los números asegura que no le guarda ningún resentimiento a Samuel y por el contrario le agradece que le diera trabajo lo cual le permitió mantener a su familia durante 30 años.

“Nunca noté nada extraño, teníamos problemas con la competencia porque manejaban precios más bajos, desde que salí de la empresa no volví a tener ningún contacto, cuando salga tendré que buscar trabajo para generar mis ingresos. El que nada debe, nada teme, la idea es recuperar la libertad, no hubo estafa ni robo. Yanber tuvo casi 900 empleados en su mejor época en nuestro país, nunca se le quedó mal a la Caja, la cual se le pagaba ¢120 millones por mes, a la Compañía de Fuerza y Luz más de ¢100 millones por mes y la municipalidad de San José más de ¢15 millones por trimestre”, recalcó.

Gerardo Sandí, agregó que la planta de Yanber en San José es de 45 mil metros cuadrados, la planta vieja son 24 mil metros cuadrados, más otras propiedades.

Por su parte, Francisco Herrera, abogado de Sandí, manifestó que la fiscalía está equivocada, hay de dónde coger para pagar, perjuicio no hay, venden una idea que no es cierta 

“Al verse un poco desequilibrado solicita un convenio preventivo al juez civil y entrega todos sus bienes para que se cubra lo que se debe, pero la fiscalía no lo ha entendido, el convenio está en trámite no sabemos si habrá perjuicio”, acotó.

Recalcó que no entiende como mantienen privado de libertad a un adulto mayor sin existir delito. En total son cinco en prisión contando al dueño de Yanber, Samuel Yankelewitz. “No se le ha robado nada al Estado, consideramos que los bienes entregados son suficientes para pagar lo que se debe”, recalcó.

Herrera enfatizó que se le vino el mundo encima, es duro romperle el criterio a la fiscalía.

“Aplican la sanción más gravosa, no hacen análisis completo, no coordinan lo civil con lo penal, se están violentado derecho fundamentales, tiene arraigo laboral, esposa, hijos y casa y consideran que por ser pensionado es un peligro.  Hablan de la alta penalidad, hablan del perjuicio económico y no sabemos cuánto es, los jueces de garantías no están haciendo nada, se vuelven subjetivos, se trata de investigar bien, hay que ir a juicio a controvertir cosas innecesarias”, recalcó el abogado. 

En la cárcel hay 170 adultos mayores de los cuales 130 están por delitos de violación y abusos sexuales, 30 por estafas y el resto por diversos delitos.