Mayoría de leyes en seguridad se aprueban sin recursos

Entre 2019 y 2024 se aprobaron un total de 46 leyes en materia de seguridad, de las cuales solo seis cuentan financiamiento real, según se detallan en datos del Estado de la Justicia, del Estado de la Nación.

Una intensificación de la violencia de género, el aumento de la victimización de mujeres y personas jóvenes, y una sensación generalizada de inseguridad son parte de las conclusiones de un grupo de expertos en seguridad.

Esto durante el más reciente “Congreso Internacional sobre Seguridad, Democracia y Convivencia” realizado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), donde se destacó la falta de dinero para aplicar legislación en seguridad. 

Las propuestas vienen en el marco de la crisis de seguridad que traviesa el país y la escalada ola de violencia, por la lucha de bandas en el crimen organizado. 

Y es que mucha de esta legislación nuevas está orientada en mayores penas de cárceles para delitos de crimen organizado, narcotráfico y sicariato. 

“A partir del 2019, en Costa Rica se identificó una tendencia a la aprobación de leyes relacionadas con asuntos penales, en consonancia con un empeoramiento de la seguridad ciudadana en el país”, destaca el informe.

Los expertos vincularon la gran cantidad leyes aprobadas con el aumento con casos ingresados en materia penal. 

Sumado a esto, resaltan la falta de acusaciones que realizan las autoridades judiciales ante la cantidad de denuncias. 

“Coinciden en que la eficiencia penal no debe confundirse con autoritarismo punitivo, y que la persecución selectiva de fenómenos criminales, la justicia restaurativa y la gestión basada en evidencia pueden mejorar los resultados sin sacrificar derechos”, según el informe. 

Por este motivo, los analistas hicieron un llamado a construir un nuevo paradigma de seguridad humana centrado en la convivencia, donde la represión del delito sea solo una parte de una estrategia integral que recupere la confianza ciudadana y la paz social. 

Como parte de las alternativas de mejora, presentaron ocho ejes para combatir el crimen organizado, con la intención de que los candidatos presidenciales puedan dar “políticas de seguridad serias” a la ciudadanía.