El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se lava las manos del aumento en la cantidad de personas que tendrán que pagar el impuesto de renta en 2024.
Según el jerarca, “el impuesto de la renta tiene un mecanismo de actualización que busca el equilibrio entre el impuesto y la recaudación”. Este mecanismo consiste en que, cuando hay un incremento en la inflación, varía el límite para medir quiénes tienen que pagar el impuesto.
Para 2023, el límite era 941.000 colones. Quiere decir que a quienes ganen menos de esa cifra no les corresponde pagar impuesto de renta. Si la inflación hubiese crecido, ese límite habría subido, aumentando la cantidad de personas que no tendrían que cancelar dicho tributo.
El problema es que la inflación bajó, por lo tanto, este límite también se redujo. Para 2024, se ubicará en los ¢929.000, lo que quiere decir que las personas que ganen entre ¢929.000 y ¢942.000 tendrán que pagar impuesto de renta en 2024, a pesar de que en 2023 no tuvieron que hacerlo.
Quienes ganen superior a los ¢929.000 pagarán el impuesto sobre el excedente de ganancia de esos ¢929.000. Quiere decir que, si ganan ¢950.000, el cálculo se realiza a partir de los ¢21.000 de excedente, por lo que se deberá cancelar un 10% de esa cifra.
¿EN QUÉ SE BASA HACIENDA PARA ESTE MECANISMO?
La Ley 7092, que determina las normas para regir el cobro del impuesto sobre la renta, establece la necesidad de actualizar anualmente los límites de cada grupo de pago de este tributo. Eso se realiza usando el Índice de Precios al Consumidor del año en curso y es responsabilidad del Poder Ejecutivo (entiéndase Ministerio de Hacienda) plantear los nuevos límites para el año.
Dicha función la ejecuta por medio de un decreto ejecutivo que modifica las tablas anteriores.
NO ES UN NUEVO
IMPUESTO
Esta controversia ha generado reacciones de las autoridades de Hacienda, quienes consideran que lo único que está haciendo la máxima autoridad tributaria es aplicar la ley.
Nogui Acosta se sacudió de las críticas afirmando que “esto no es un nuevo impuesto, es la aplicación anual que obliga la ley”.