En la encrucijada en la que se encuentra nuestro país, es vital que los diferentes poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) establezcan un diálogo constructivo y efectivo. La creciente ola de criminalidad que azota el país no solo representa un desafío inmediato, sino que también pone en riesgo los fundamentos mismos de nuestra democracia y la seguridad de los ciudadanos. La colaboración entre estos poderes no es solo deseable; resulta esencial para afrontar esta crisis de manera integral.
Razón lleva don Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al indicar que aquel refrán que señala “En río revuelto, ganancia de pescadores” está por pasar a “Estado revuelto, ganancia del crimen”.
La criminalidad organizada ha evolucionado y se ha adaptado a las circunstancias, lo que exige respuestas coordinadas y multisectoriales. En este contexto, es fundamental que el Poder Ejecutivo, encargado de la implementación de políticas públicas, trabaje de la mano con el Legislativo, responsable de la creación de leyes que fortalezcan las instituciones y la seguridad, así como con el Judicial, que debe garantizar la aplicación efectiva de esas leyes. Sin embargo, las tensiones políticas y las fricciones entre estos poderes a menudo obstaculizan la capacidad de reacción ante situaciones críticas.
Un diálogo constructivo implica más que simples negociaciones; requiere una cultura de respeto y entendimiento mutuo, donde cada poder reconozca su papel y responsabilidades en el combate al crimen. Esto no solo es necesario para aprobar leyes que fortalezcan las capacidades del Estado en la lucha contra la delincuencia, sino también para crear un marco de acción conjunta que permita al Ejecutivo implementar estrategias efectivas, apoyadas por un Legislativo comprometido y un Judicial que funcione con agilidad y transparencia.
Uno de los ejemplos más evidentes de la necesidad de este diálogo se refleja en la implementación de políticas de seguridad pública. Es urgente que el Ejecutivo presente propuestas claras y basadas en datos, y que el Legislativo esté dispuesto a evaluarlas y aprobadas sin las divisiones partidarias que muchas veces paralizan el progreso. Además, el Judicial debe contar con el respaldo necesario para actuar de manera eficaz en la persecución del crimen, garantizando procesos justos pero firmes, para evitar la impunidad que tanto alimenta la criminalidad.
Se torna vital señalar que este esfuerzo no debe limitarse a las reformas legislativas. La lucha contra la criminalidad debe ir acompañada de acciones que promuevan la cohesión social, la educación y la prevención. Aquí es donde se hace crucial el rol del Ejecutivo, que debe trabajar en iniciativas que fomenten el desarrollo comunitario y la inclusión, generando espacios de diálogo también con la ciudadanía.
La historia reciente nos ha mostrado que la fragmentación política puede tener consecuencias devastadoras. Los conflictos internos no solo distraen a los líderes de su deber primordial (proteger y servir a la población) sino que también brindan una ventana de oportunidad al crimen organizado. Las bandas criminales se alimentan de la ineficiencia y la desconfianza en las instituciones, y cada día que pasa sin una respuesta efectiva se traduce en más violencia, más muertes y un deterioro de la calidad de vida de los costarricenses.
Por ello, es urgente que los líderes de cada poder del Estado se comprometan a trabajar juntos. La lucha contra el crimen no debe ser un asunto de competencia política, sino una prioridad nacional en la que todos los actores se unan en un frente común.
