La construcción y el desarrollo económico del país no pueden seguir frenados por la burocracia. La tardanza del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la emisión de permisos de disponibilidad de agua está afectando gravemente los proyectos de inversión, en especial fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Es urgente agilizar estos trámites para fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo.
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) ha alzado la voz sobre esta problemática.
Según su denuncia, algunas solicitudes de disponibilidad de agua pueden tardar hasta dos años en resolverse, lo que genera tanto incertidumbre como pérdidas económicas para inversionistas y desarrolladores. En algunos casos, incluso, el permiso podría extenderse hasta 2027, una situación inaceptable para un país que necesita dinamizar su economía.
La falta de respuestas oportunas por parte del AyA está afectando proyectos inmobiliarios y de infraestructura en diversas regiones del país. Un ejemplo claro es la zona que abarca Tres Ríos, Curridabat, Montes de Oca y el este de San José, donde las solicitudes de disponibilidad de agua suelen recibir respuestas negativas.
Sin embargo, este problema no es exclusivo de la GAM, sino que se repite en distintas provincias y cantones, limitando el desarrollo de viviendas, comercios y obras públicas.
El caso del proyecto Orosi, un abastecimiento clave para la Gran Área Metropolitana, es una muestra evidente del impacto de esta situación.
Con rezagos que superan la década, la falta de planificación y ejecución por parte del AyA ha obligado al sector privado a implementar soluciones de emergencia para mitigar la crisis hídrica.
Lo anterior, a su vez se traduce en un incremento en los racionamientos de agua durante la época seca.
El desarrollo del país no puede estar supeditado a una burocracia ineficiente que ahoga la inversión y posterga el progreso.
La construcción es uno de los motores fundamentales de la economía nacional y un generador clave de empleo.
Cada proyecto detenido por trámites administrativos representa oportunidades perdidas para miles de costarricenses que dependen de esta actividad.
Es imperativo que el Instituto modernice sus procesos y reduzca los plazos de respuesta.
Si la institución enfrenta limitaciones en infraestructura o personal, es necesario que las autoridades competentes intervengan para brindar soluciones inmediatas.
Se requiere una reestructuración de los procedimientos para evitar que los proyectos queden paralizados por años y una mayor transparencia en la gestión de los permisos.
Costa Rica no puede permitirse seguir perdiendo inversiones por trabas burocráticas.
El Estado debe ser un facilitador del desarrollo, no un obstáculo. Si queremos un país más competitivo y próspero, es momento de exigir cambios en la gestión del AyA.
La eficiencia en la tramitación de los permisos de disponibilidad de agua no es un favor, es una necesidad urgente para el bienestar económico y social del país.