Un total de 45.670 personas han recurrido la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito durante los últimos seis años, de acuerdo con datos del Ministerio Público. Esto significa que este despacho ha atendido en promedio más de 7.600 casos por año, lo que destaca en medio de la situación de criminalidad que enfrenta el país.
Respecto a protección, esta unidad procura medidas para resguardar la integridad física, la vida y el entorno familiar donde el solicitante se desenvuelve.
Además 72.611 recurrieron a este programa con la intención de hallar asesoría legal, acompañamiento psicológico e intervenciones sociales, y no implica que existan riesgos a su integridad.
Un equipo de cinco personas se encarga de dar trámite a los casos de atención de víctimas y protección de testigos a nivel judicial, según José Peñaranda, fiscal adjunto de la Oficina. “En estos casos hay una amenaza de muerte, atentaron contra mi vida, fui testigo de la actuación de un grupo criminal atentando contra otra persona, soy testigo de eventos graves que implican un riesgo para mí”, manifestó. Participar en estos programas cambia el estilo de vida, muchas veces implica sacar a la persona de su entorno social, cultural y de la ciudad donde vive.
Este tipo de protección aplica también para funcionarios públicos que reciban algún tipo de amenaza por organizaciones criminales.
Peñaranda asegura que 2024 es uno de los años con menores ingresos en el programa de atención y protección.
“El hecho de no acercarse a los juzgados es crear impunidad, es favorecer a la criminalidad, es uno de los factores que pueden incidir en la actual situación de violencia del país”, agregó.
