Un grupo de entre 40 y 50 asociaciones solidaristas se presentarán ante el Ministerio Público para pedir ser consideradas víctimas de los procesos que se investigan por los problemas financieros que llevaron a que Coopeservidores fuera inviable.
El hecho de que estas agrupaciones se conviertan en víctimas les dará la posibilidad de acceder al expediente, presentar pruebas en las causas abiertas, así como querellas y acciones civiles resarcitorias para ser indemnizadas por los daños.
Rodrigo Araya, abogado de estas instituciones, comentó: “lo que estamos haciendo es volvernos visibles ante las autoridades, como víctimas directas de este descalabro. Nosotros consideramos que en este caso hay comisión de múltiples delitos, una clara administración fraudulenta de los recursos”.
Coopeservidores fue intervenida el 13 de mayo por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y el pasado 21 de junio fue declarada inviable, dejando a miles de inversionistas y ahorristas con pérdidas millonarias.
Araya comentó que, entre sus representados, hay asociaciones que tenían invertidos hasta ¢2.000 millones en la cooperativa, lo que genera un riesgo importante para su propia existencia.
DOS PROCESOS
El abogado planteó que actualmente existen dos causas abiertas y en al menos una ya se identificaron posibles responsables. Agregó que en estos momentos la situación jurídica de estos no ha cambiado y no pesa sobre ellos ninguna medida cautelar, tampoco a sus bienes. “Estamos en la fase de procedimientos preparatorios donde el Ministerio Público tiene que realizar su propia investigación. El informe del regulador es solo un insumo, pero por lo pronto deberán hacer sus propios cálculos”, señaló. Para llegar a una audiencia preliminar se debería tener una acusación y Araya estima que eso sería en unos 2 o 3 años.