Más de 2 mil pensiones pendientes de aumento desde 2016

La Dirección Nacional de Pensiones (DNP) mantiene pendiente el análisis para la revalorización de 2.780 pensiones desde 2016, es decir, que no han sido aumentadas. 

Lo anterior de acuerdo con información brindada a Diario Extra por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Aunque la DNP ha aplicado ajustes derivados de aumentos decretados por el Poder Ejecutivo y solicitudes individuales de jubilados durante este período, persiste el retraso en la revisión de estas que están pendientes.

La institución explica que no todos los casos pendientes implican necesariamente un pago adicional, ya que algunos montos estarían ajustados conforme a derecho.

Para dar seguimiento, la DNP implementó un plan de trabajo específico destinado a agilizar los trámites pendientes.

Auditoría interna

Lo anterior surge de una auditoría interna elaborada por el Ministerio de Trabajo. En dicho documento, identificado como IESP-MTSS-DGA-ATOA-2-2025, se indica que, de un total de 11.020 pensiones otorgadas bajo regímenes especiales desde agosto de 2016, 10.470 aún están pendientes de la revalorización de su monto base al mes de diciembre de 2024. 

No obstante, dicha cartera asegura que poco más de 2 mil son las pensiones pendientes.

En ese sentido, la auditoría señala que no existe un procedimiento formal dentro del MTSS para realizar estas revalorizaciones. Sin embargo, la Dirección asegura contar con un procedimiento formal vigente desde 2014, actualizado anualmente, con la última revisión en julio de 2025. Este protocolo detalla los pasos y requisitos necesarios para tramitar las revalorizaciones.

En 2025, también se implementó un procedimiento específico para la revalorización masiva de población dentro de regímenes especiales, con el fin de atender de forma eficiente los casos pendientes.

Punto de vista legal

En conversación con este medio, la jueza especializada en derecho laboral, Brenda Calvo, aseguró que hay una violación de obligaciones normativas y legales.

Según la especialista, la Ley 7302 y su reglamento establecen el derecho a la revalorización conforme al costo de vida. Asegura que no cumplir estas reglas puede generar responsabilidad administrativa y judicial para el Estado.

“La Constitución costarricense garantiza la irretroactividad de la ley en perjuicio del administrado, la intangibilidad patrimonial y la seguridad jurídica. Dejar de revalorizar puede afectar esos principios. Defectos en la gestión de montos pueden interpretarse como violaciones”, afirmó la jurista.

Planteó además que se violan derechos fundamentales.

“Podrían estarse violando, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, reconocido en la Constitución (artículo 73) y en instrumentos internacionales; así como el derecho a una vida digna, vinculado a la protección del adulto mayor. No reajustar pensiones conforme al costo de vida implica una pérdida del poder adquisitivo, atenta contra la dignidad humana y puede interpretarse como violación a estos derechos”, concluyó.

¿Qué son pensiones revalorizadas?

Son ajustes periódicos a las pensiones existentes para compensar la pérdida de poder adquisitivo causada por el aumento del costo de vida. Este proceso, también conocido como reajuste o revalorización, busca mantener el valor real de las pensiones, asegurando que los jubilados puedan mantener un nivel de vida digno. 

Algunos casos pendientes

Según la auditoría hay pendientes pensiones de: 

• Expresidentes

• Premio Magón

• Guardia Civil Ley 1988

• Guerra Excombatientes Leyes 1922 y 7302

• Hacienda Leyes 148,7007 y Ley 7013

• Músicos Ley 15

Brenda Calvo

Jueza Laboral

“Los afectados podrían acudir a la vía judicial individual o colectiva, como recurso de reposición ante el MTSS, seguido de una acción contenciosa administrativa si se rechaza o no se resuelve. Además, un recurso de amparo al considerarse una vulneración de derechos fundamentales. También existe responsabilidad administrativa; podrían iniciarse procesos por negligencia u omisión si no se implementaron las revalorizaciones legales”.