En 15 días más de 17 mil funcionarios que ocupan cargos en la administración pública presentaron su declaración jurada de bienes, de manera digital, ante la Contraloría General de la República (CGR), esto al corte de la 1.40 p.m. pero el plazo venció a la medianoche.
Datos de la CGR indican que 19.650 funcionarios públicos deben presentar la declaratoria jurada de bienes este año, y al respecto, Manuel Martínez, gerente de División de Gestión de Administración de la Contraloría, sostuvo que ante la facilidad otorgada, se espera una disminución importante de incumplimientos.
A partir de este año los declarantes solo debieron presentar su declaración de bienes de manera digital y no en papel, lo que facilitó la entrega de dicho requerimiento.
Martínez señaló que los que deben presentar la declaración de bienes son los funcionarios de alta gerencia como el presidente y vicepresidentes de la República, ministros y viceministros, presidentes ejecutivos, diputados, procurador y procurador adjunto, regular y regulador adjunto, entre otros.
Asimismo, deberán declarar también aquellos que por su función de acuerdo a la Contratación Administrativa tienen a su cargo el control y fiscalización de recursos públicos, estos deberán ser establecidos por los departamentos de recursos humanos de las diferentes entidades.
Sostuvo que, en el caso de los trabajadores que no presentaron la declaración en tiempo, se les hará una prevención y se les dará otros 15 días para cumplir con dicho requerimiento de la administración. Advirtió que en caso de persistir la no presentación, se tomará en cuenta como incumplimiento y el funcionario se expone a una amonestación por escrito que saldrá publicado en La Gaceta, hasta la suspensión durante varios días del puesto sin goce salarial.
“En el último día de recepción de las declaraciones juradas de bienes, recibimos más de lo que esperábamos que al mismo periodo del año pasado.
Al principio del proceso recibimos más declaraciones, pero después se estancó y llegando al final repuntó. Esto es típico porque el tico siempre deja todo para el final”, comentó Martínez.
Adujo que el jueves en la tarde, cuando inició la recta final del proceso, el sistema de la CGR comenzó la presentar problemas de lentitud en los procesos y eso debido a que al mismo tiempo, una cantidad importante de declarantes estaban introduciendo información, por lo que en la Contraloría se vieron en la obligación de ampliar el ancho de banda.
Una vez recibida la información, la Contraloría procederá a fiscalizar la información y hacer los cruces informativos con la base de datos de otras instituciones. En caso de detectar alguna anomalía se procederá a aplicar las sanciones correspondientes.