Más de 16 mil reos reciben seguro médico con fondos del Estado

El Estado costarricense, por medio del presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), destina
más de ¢9 mil millones al año para el aseguramiento de la población privada de libertad.

El convenio, firmado por el Ministerio con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en 2019, brinda cobertura a más de 16 mil personas reclusas. 

Dicho acuerdo fue renovado por cuatro años más en 2024.

Actualmente, el sistema penitenciario alberga a más de 18 mil personas en los distintos centros carcelarios del país.

El convenio incluye tanto a personas bajo custodia penal como a menores infractores ubicados en los Programas de Atención Institucional. 

Los asegurados reciben la cobertura del seguro de enfermedad y maternidad.

“Este instrumento permite dar cobertura a la población bajo custodia del Estado, garantizando su acceso a los servicios de salud en concordancia con los principios de universalidad, solidaridad y equidad del sistema costarricense de seguridad social.

Desde la perspectiva del Ministerio, es una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, sin discriminación por nacionalidad o situación migratoria, y refleja el compromiso institucional con la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales”, indicó el Ministerio de Justicia por medio de su departamento de prensa ante consultas de Diario Extra.

Cabe destacar que quienes se encuentren bajo el régimen semi institucional y trabajen para un patrono, es decir, con arresto domiciliario o salidas diurnas para labores remuneradas, no están cubiertos por el Ministerio.

Además, el seguro no contempla incidentes derivados de riesgos laborales ni accidentes de tránsito.

Financiamiento

El costo del aseguramiento es calculado por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja con base en la información que le suministra Justicia sobre la cantidad de personas privadas de libertad en el sistema.

Posteriormente, la Presidencia Ejecutiva de la Caja informa la suma anual al Ministerio de Hacienda y al MJP, para que se incluya en el presupuesto correspondiente como parte de los gastos de “Administración Presupuestaria”.

“El Estado paga el seguro de las personas privadas de libertad. La Caja nos manda la factura cada año. Además, otras poblaciones como las trabajadoras domésticas y las que están en el Código de la Niñez y Adolescencia se le recargan al Gobierno. ¿Y sabe cuántos recursos adicionales le dieron al Estado para cubrirlo? Ninguno”, afirmó Nogui Acosta, jerarca de Hacienda.