Más de ¢37 millones le costaría a la UCR reparar el edificio tomado por estudiantes
Compras están asociadas a la recuperación, reparación y atención
Reparar los daños causados en los edificios administrativos B y C de la Universidad de Costa Rica (UCR) costaría al menos ¢37,8 millones.
Así lo informó la Rectoría al Consejo Universitario mediante el oficio R-3745-2026, firmado el 26 de mayo de 2026 por el rector Carlos Araya Leandro.
Los inmuebles presentan afectaciones en paredes, columnas, puertas, pisos, ventanales, cámaras de seguridad y mobiliario, entre otros.
La Notaría Institucional levantó actas que documentan los daños, y distintas dependencias universitarias aportaron valoraciones económicas parciales que aún están en proceso de revisión.
Los tres grandes rubros del gasto
El desglose preliminar al que Grupo Extra tiene acceso se divide en tres áreas:
- La Oficina de Servicios Generales y la Vicerrectoría de Administración calculan ¢21.364.736 en reparaciones físicas de los edificios, siendo el contrato de pintura el rubro más alto con un 39% del total.
- La Sección de Seguridad y Tránsito reporta costos extraordinarios de aproximadamente ¢14.203.000, de los cuales el 56% corresponde a horas extra del personal.
- El Centro de Informática, por su parte, estima ¢2.322.454 en daños a telecomunicaciones, conectividad y revisión de ciberseguridad.
Los gastos
- Registros en facturas: ¢1.270.336
- Registros en OT: ¢2.972.538
- Contrato de pintura: ¢8.909.489
- Mano de obra: ¢4.698.659
- Mano de obra ordinaria: ¢4.113.684
- Estabilización de incendios: ¢415.000
- Equipos de incendio: ¢1.888.000
- Equipos de CCTT: ¢2.300.000
- Horas extra: ¢8.000.000
Las cifras podrían aumentar
El oficio indica que los montos “podrían variar conforme avancen las labores técnicas de inspección, reparación, recuperación operativa, validación de ciberseguridad y determinación integral de afectaciones adicionales”.
Sobre el área tecnológica, el Centro de Informática indicó que sus valoraciones “continúan en proceso de actualización conforme avance la revisión técnica de equipos, cableado estructurado y sistemas institucionales”.
El documento se remitió en respuesta a una solicitud del Consejo Universitario del 21 de mayo, mediante el oficio CU-737-2026, en el que ese órgano pidió un informe sobre la existencia de daño patrimonial y un estimado de los costos.
Esto ocurrió luego de tres semanas de ocupación, entre el 22 de abril y el 13 de mayo, periodo en el que decenas de estudiantes tomaron el inmueble como medida de protesta por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y otras inconformidades relacionadas con la situación universitaria.