Más allá del castigo: educación, salud mental y responsabilidad penal en la prevención de la violencia en Costa Rica

Un elemento central que articula la responsabilidad penal y la salud mental es la educación. Esta no debe limitarse a la transmisión de conocimientos técnicos, sino que debe formar ciudadanos capaces de comprender los derechos, deberes y normas que estructuran la convivencia social. En este sentido, la educación cumple una función esencial dentro del control social, ya que es un proceso preventivo que moldea conductas, valores y expectativas colectivas.

La atención pública hacia la responsabilidad penal y la salud mental es insuficiente, incluso en un contexto donde distintos indicadores evidencian un aumento sostenido de la violencia. Por ejemplo, el OIJ reportó que Costa Rica en los últimos 3 años ha atravesado el periodo más violento de su historia reciente, 905 homicidios en 2023, 876 en 2024 y 873 en 2025.

Este fenómeno no puede explicarse únicamente desde una lógica penal o reactiva. Desde una perspectiva más amplia, responde a fallas estructurales que limitan la capacidad preventiva del Estado y de la sociedad. En particular, las debilidades del sistema educativo y las brechas digitales han restringido el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales fundamentales para la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Informes del Programa Estado de la Nación evidencian una crisis educativa agravada por rezagos acumulados y el llamado “apagón educativo” entre 2018 y 2022. 

Los datos son alarmantes y contundentes, reflejando no solo una crisis académica, sino una limitación en el desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales como el pensamiento crítico.

En este contexto, desde un enfoque de prevención, esto representa una omisión crítica: ¿cómo pueden los individuos gestionar situaciones de estrés, presión social o conflicto si no tienen, ni pueden desarrollar las herramientas para ello?

La literatura sobre prevención del delito ha demostrado que los enfoques basados exclusivamente en la sanción tienden a ser limitados si no se complementan con estrategias formativas. 

En contraste, modelos preventivos centrados en la educación, el desarrollo socioemocional y la comprensión de normas sociales fortalecen la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas y reducir conductas de riesgo.

En este sentido, la violencia no inicia en el acto delictivo, sino en la falta de formación y en las desigualdades estructurales que condicionan el comportamiento social. 

Diversas experiencias internacionales nos permiten entender y visualizar opciones de mejora:

En Finlandia, el sistema educativo incorpora desde edades tempranas la educación socioemocional, el manejo de conflictos y habilidades de convivencia, lo cual ha sido clave para mantener bajos niveles de violencia y altos índices de bienestar. En Alemania, la educación incluye contenidos sobre el Estado de derecho, normas sociales y responsabilidades individuales, fomentando la comprensión de las consecuencias legales y penales de las conductas desde una perspectiva preventiva. Por su parte, Canadá ha integrado programas de salud mental dentro del sistema educativo, incluyendo apoyo psicológico, gestión emocional y prevención de conductas de riesgo, consolidando la salud mental como una política pública educativa y no únicamente médica.

En conjunto, estos modelos evidencian que la prevención comienza en las aulas.

En consecuencia, resulta necesario avanzar hacia reformas que integren de manera obligatoria la educación en responsabilidad penal y salud mental dentro del sistema educativo por medio de ajustes curriculares, coordinación institucional, inversión sostenida y voluntad política desde los Poderes de la República. 

La evidencia muestra que las políticas preventivas generan resultados más sostenibles a largo plazo que aquellas centradas exclusivamente en la sanción. Formar ciudadanos con conciencia sobre la responsabilidad penal y con herramientas para gestionar su salud mental no es una opción complementaria, sino una condición necesaria para reducir
la violencia y fortalecer la cohesión social. 

Es imperativo que Costa Rica forme y tenga una visión clara del tipo de ciudadanía que busca construir. Ignorar el componente educativo, sería un error estratégico. Sin una base formativa sólida, cualquier respuesta a la violencia seguirá siendo reactiva y, en última instancia, insuficiente para mejor nuestro país.