
La diputada oficialista, Marta Esquivel, presentó un proyecto de ley para “combatir el cabildeo en los nombramientos públicos de la Asamblea Legislativa” a través de reglas claras “para prevenir cualquier influencia indebida”.
El proyecto, denominado “Reglamento de Transparencia y Anti-Cabildeo en Nombramientos Públicos de la Asamblea Legislativa”, bajo el expediente 25.640, busca regular, transparentar y fiscalizar el proceso de postulación, evaluación y elección de los cargos de mayor relevancia estatal, tales como magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y Subcontraloría General de la República, y la Defensoría de los Habitantes.
Según detalló Esquivel, la iniciativa establece que toda la interacción entre postulantes y los diputados deberá realizarse por medio de audiencias públicas oficiales, “promoviendo procesos abiertos, trazables y accesibles para la ciudadanía”.
“Los costarricenses merecen tener la certeza de que quienes ocupan los cargos más importantes del Estado son elegidos mediante procesos transparentes, objetivos y libres de cualquier tipo de influencia indebida. La confianza en las instituciones también se construye garantizando reglas claras y rendición de cuentas”, dijo Esquivel.
El proyecto establece:
Además establece sanciones para cualquier postulante que autorice o tolere gestiones de cabildeo y para los legisladores que participen en esas prácticas.
Por otro lado, para erradicar el cabildeo amparado en el anonimato, la votación final en el Plenario Legislativo será estrictamente pública y nominal. Cada diputado deberá fundamentar de forma breve y por escrito el sentido de su voto, basándose en los criterios técnicos de idoneidad emitidos por la Comisión de Nombramientos.
Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) evaluó positivamente a Costa Rica en cuanto a políticas para prevenir la corrupción, aunque advirtió que existen vacíos legales para regular el lobby o cabildeo.
Según el informe, el país “cumple con el 0 % de los criterios prácticos de la OCDE en materia de lobby”, pese a que regula las interacciones entre jerarcas de instituciones públicas y los intereses externos mediante una serie de normativas. Además, el país no define conceptos de lobby, no establece sanciones por faltas en esta materia ni prevé el control del Gobierno para velar por la transparencia de estas actividades.

