Marta Esquivel impulsa ley para regular ascensos y nombramientos de fiscales
Entrevistas pesarían máximo 10% en concursos para fiscales
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La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, presentó un proyecto de ley que busca establecer reglas para el ingreso, ascenso, evaluación y permanencia de los fiscales y personal de apoyo del Ministerio Público.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.777 y denominada Ley de Carrera Fiscal y del Personal de Apoyo del Ministerio Público, propone que los nombramientos en propiedad y ascensos se realicen mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, administrados por la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
Además, obligaría al fiscal general a realizar los nombramientos siguiendo estrictamente el orden del registro de elegibles y establece límites para los nombramientos por inopia, entre estos, que podrán extenderse por un máximo de cuatro meses, con una única prórroga de tres meses.
El proyecto también pretende impedir que se encadenen nombramientos temporales para evitar los concursos públicos.
“Como he venido denunciando desde hace días, el Ministerio Público incumple nuestras leyes, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de Empleo Público y nuestra Constitución Política al no aplicar la carrera fiscal, al no aplicar principios de idoneidad para nombrar a las personas fiscales”, afirmó Esquivel.
La legisladora sostuvo que la iniciativa pretende obligar al Ministerio Público a aplicar esos procedimientos.
“Por esa razón, hoy hemos presentado este proyecto, el 2577, un número fácil de recordar para ver si acaso con una ley. Estas personas que han incumplido por años estos procesos finalmente se ven obligados a hacerlo”, añadió.
Cinco años para ascender
La propuesta exige al menos cinco años de experiencia efectiva como fiscal auxiliar para ascender a fiscal y otros cinco años como fiscal para aspirar al cargo de fiscal adjunto. El puesto de fiscal general quedaría excluido de la carrera fiscal.
Otro de los cambios consiste en limitar el peso de las entrevistas personales a un máximo del 10% de la calificación de los concursos.
Asimismo, las evaluaciones de desempeño no podrán fundamentarse únicamente en la cantidad de acusaciones, condenas o desestimaciones tramitadas por cada fiscal, ni considerar afinidades políticas, religiosas o sindicales.