El proyecto del marchamo digital, promovido por la Administración Chaves Robles, volvió a caerse luego de que la junta directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) declarara como incierto el proceso de adjudicación.
La anulación del procedimiento, por parte de la Contraloría General de la República (CGR) en marzo, influyó a la entidad a tomar la decisión al contar con un consorcio y su oferta rompía el presupuesto.
Esa situación obligó a las autoridades a posponer la implementación del marchamo digital hasta nuevo aviso.
“Si la Contraloría nos obliga a adjudicar a la empresa, los plazos igual no nos dan. En noviembre se sale con el marchamo 2025, por lo que no nos darían los tiempos, sería hasta 2026”, indicó el INS a DIARIO EXTRA a través de su Departamento de prensa.
Sin tiempo que perder, el Instituto notificó de forma inmediata la declaración a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
“En razón de la única oferta disponible y atendiendo el interés público, determinaron que, a pesar de que la oferta cumple con los requisitos formales y técnicos, incluye un aumento considerable en los costos estimados del proyecto, con una diferencia de casi $1,8 millones con respecto a la oferta inicialmente más competitiva”, argumentó la entidad.
DOS AÑOS NULOS
El Poder Ejecutivo desde finales de 2022 lanzó el proyecto para desaparecer las tradicionales calcomanías por un dispositivo similar a un Quick Pass.
Durante estos dos años el proceso de licitación ha sido un calvario para la administración tras presentarse inconvenientes en la construcción de términos, apelaciones, recursos de amparo, entre otros. En diciembre de 2023, parecía que el INS finalmente iba a poner en marcha el cobro del marcho digital tras adjudicar a la empresa mexicano costarricense Consorcio PC Central Neology.
Pero tres meses más tarde la Contraloría anuló el proceso de adjudicación porque encontró argumentos suficientemente sólidos en una de las apelaciones.
“El INS adjudicó al consorcio esta licitación (por un monto para las líneas 1 y 2 de $5.531.350 y para las 3, 4 y 5 de cuantía inestimable) y dos consorcios (que no resultaron adjudicados) apelaron dicho acto de adjudicación ante la CGR, siendo que una de las apelaciones lleva razón en sus argumentos por lo que la Contraloría anula, entonces, el acto de adjudicación”, explicó.
DESPIDO EN EL INS
Horas después de declararse incierta la adjudicación, el mandatario Rodrigo Chaves destituyó a Mónica Araya como presidenta ejecutiva de la entidad de seguros.
“El Consejo de Gobierno tomó la decisión de destituir a Mónica Araya, quien ocupaba el puesto de presidenta ejecutiva INS. La nueva jerarca de la institución será Gabriela Chacón Fernández”, dijo Presidencia.
La nueva presidenta es licenciada en Administración de Empresas, tiene 25 años de experiencia en temas de seguros, marketing, servicio al cliente y definición de estrategias comerciales.
Araya antes de despedirse del INS mostró su tristeza por la caída del proyecto.
“Claro que todos queremos la modernización de los sistemas y se simplifiquen los trámites. Lamentablemente la resolución de la Contraloría nos dejó solo una oferta elegible, la cual tiene una diferencia que no perjudica al INS. El que lo terminaría pagando es el usuario, además, se da un trato desigual entre clases vehiculares que es contrario a lo que indica la ley”, sentenció.