Los diputados enterraron un proyecto de ley que buscaba eliminar el uso de dinero en efectivo en instituciones del Estado.
La propuesta bajo expediente de ley 23.747 era impulsada por Casa Presidencial, no obstante, chocó con pared en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa planteaba que las entidades estatales y los prestatarios de servicios públicos tenían que eliminar el uso de billetes y monedas en su operación con el propósito de adoptar únicamente medios de cobro y pago electrónicos.
Lo anterior, “salvo en situaciones en las que se compruebe la existencia de una imposibilidad material del administrado, caso fortuito, fuerza mayor o emergencia nacional”.
La iniciativa de Zapote propone, además, que la medida deberá aplicarse en un plazo máximo de cinco años una vez que la ley entre en vigencia y cada dependencia gubernamental deberá habilitar un cronograma para atender la reforma.
No obstante, los diputados aseguraron que no contaba con viabilidad técnica y también podría excluir a varios grupos de la población.
“Durante las consultas hechas por la Comisión se evidenció que el proyecto era inviable, además, un informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa detallaba objeciones (…). Era perjudicial para distintos sectores de la población, así como para personas que no están acostumbradas a temas tecnológicos y digitales.
Es esencial que los servicios públicos sigan recibiendo billetes y monedas como pago. La digitalización debe ser promovida por medio de políticas públicas impulsadas desde el Poder Ejecutivo sin la necesidad de ser reguladas por una ley sino de forma orgánica (…). Además, la propuesta generaba problemas con privacidad, seguridad, costo en el marco de la Regla Fiscal”, explicó Montserrat Ruiz, diputada de Liberación Nacional.
Cabe recordar que semanas atrás la Defensoría de los Habitantes aseguró que solo el 68% de la población tiene acceso a servicios bancarios (cuentas).
Es decir, en caso de avanzar el plan de Gobierno, más de un millón y medio de ticos no tendrían acceso a servicios públicos, además, contravendría los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha suscrito el país.