El salario base usado para definir multas se mantiene en ¢462.200, según comunicó la Corte Suprema de Justicia.
Ese monto se definió con base en la sesión 110-222 del Consejo Superior del Poder Judicial, el pasado 15 de diciembre.
El salario base se utiliza como herramienta para definir penas y multas económicas cuando se incurre en algún tipo de incumplimiento.
“A partir del 1º de enero de 2023, el salario base que se debe aplicar para definir las penas por la comisión de esas figuras delictivas, así como de las contenidas en otras leyes que refieran a la citada norma es de ¢462.200.
Lo anterior con fundamento en la normativa citada y en la Ley 10331 “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2023, publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 9 de diciembre”, indicó Carlos Mora Rodríguez, subsecretario general interino de la Corte.
El monto responde al salario base mensual de un oficinista 1 del Poder Judicial, de acuerdo con la Ley de Presupuesto.
DEFINICIÓN
La relación deuda y Producto Interno Bruto se mantiene por encima del 60%, por lo cual no se permite el incremento a la base de los salarios mientras persista ese escenario.
Esto hace que por segundo año consecutivo no se presente ningún tipo de variación sobre este indicador que define la remuneración.
Ese indicador representa una cifra parámetro para establecer castigos determinados en el Código Penal y el Código de Trabajo, además de las leyes de aranceles del Registro Público, Impuesto a las Personas Jurídicas, Impuesto de Bienes Inmuebles, entre otros.
Es utilizado para sancionar económicamente conductas penales como hurto agravado, robo simple, omisión de auxilio, incumplimiento del deber alimentario y estafa.
En tanto que, en materia laboral, el Código de Trabajo lo emplea para la imposición de multas contra aquellos empleadores que afecten los derechos laborales básicos, entre ellos el no pago de los aguinaldos. El artículo 209 de la legislación penal establece: “Se aplicará prisión de un año a tres años, si el valor de lo sustraído no excede de cinco veces el salario base (¢2,3 millones o menos), y de 1 a 10 años, si fuere superior a esa suma”. Eso se aplica a delitos como hurto de ganado, equipaje de viajeros u objetos de valor científico, artístico, cultural, de seguridad o religioso. En el caso del Código de Trabajo, se establecen multas entre 1 y 23 salarios base a los patronos que retengan el derecho laboral, según la gravedad de su acto. Es decir, de ¢462.200 hasta los ¢10,6 millones.