Mantener superintendencias cuesta ¢33 mil millones

Mantener el funcionamiento de las superintendencias y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) representa un costo para los costarricenses de ¢33 mil millones en 2025. Esta cifra corresponde al presupuesto total reportado en los sitios web oficiales de cada una de las entidades supervisoras.

Se trata de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Superintendencia de Pensiones (Supen), Superintendencia General de Valores (Sugeval) y Superintendencia General de Seguros (Sugese). De ese monto, se excluye la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

El 60% de ese monto se destina al pago de remuneraciones del personal, lo que equivale a más de ¢20 mil millones. En este apartado, la Sugef concentra cerca de la mitad de los recursos.

Por remuneraciones se entiende el pago de salarios, horas extra, recargo de funciones, antigüedad, dedicación exclusiva, aguinaldo, salario escolar y las contribuciones a la seguridad social.

Además, las cinco entidades asignan ¢478 millones para capacitación del personal, ¢121 millones por compromisos con organismos internacionales (como la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina o la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, en el caso de la Sugese), y ¢114 millones para transporte y viáticos en el extranjero. De nuevo, la Sugef representa más de la mitad del gasto en este rubro.

Para traslados internos, el presupuesto baja a ¢15 millones. En el apartado de becas y ayudas para funcionarios y terceros, el monto asignado es de ¢72 millones. Por último, se destinan ¢32 millones para actos protocolarios y ¢17 millones para alquileres.

Cuestionamientos

Estos gastos han sido objeto de cuestionamientos en la Asamblea Legislativa, donde se han planteado distintas propuestas para reformar el sistema de fiscalización financiera.

“El sector financiero y las superintendencias deben ajustar sus presupuestos, igual que lo han hecho los costarricenses ante las condiciones económicas del país, especialmente en materia salarial”, expresó el diputado oficialista Manuel Morales.

Las críticas no son nuevas. En legislaturas anteriores, el economista y fundador del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, también propuso cambios. 

En 2017, presentó el proyecto de ley conocido como F.U.S.I.O.N.A.R. (expediente 20.215), que buscaba integrar todas las superintendencias en una sola institución, estructurada por departamentos sectoriales.

La iniciativa pretendía eliminar los cargos de intendentes, trasladar la auditoría interna al Banco Central de Costa Rica (BCCR) y establecer topes salariales para el superintendente y demás funcionarios.

“Queríamos ahorrar recursos, mejorar la coordinación entre las distintas instancias del mercado financiero y lograr eficiencia con un costo menor en un tema tan crucial como la supervisión”, explicó Solís.

Otras iniciativas similares

El exdiputado Otto Guevara también presentó, en 2016, el expediente 19.876, que planteaba la eliminación de las intendencias y una reducción significativa de la autonomía de estas entidades, las cuales pasarían a ser órganos desconcentrados de nivel mínimo dentro del BCCR.

Ambos proyectos fueron archivados cuatro años después de su presentación.

Más recientemente, en marzo de 2025, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, presentó una nueva propuesta con respaldo de otros congresistas como José Joaquín Hernández (PLN), Ada Acuña (oficialista) y Pilar Cisneros (oficialista).

“Como se observa en los casos internacionales, el financiamiento de la supervisión puede variar; sin embargo, en general, son los supervisados quienes pagan por esa función, sobre todo cuando existe una autoridad bancaria que ejerce ese rol”, justificó Acuña durante la presentación del expediente 24.813.

Este proyecto propone un avance gradual del 10% anual en la proporción del financiamiento asumido por las entidades supervisadas, hasta que cubran el 100% del costo operativo de las superintendencias. Actualmente, la ley establece una distribución del 50% entre los supervisados y el BCCR.

Respaldo desde el Banco Central

El presidente del BCCR, Róger Madrigal, respaldó la propuesta durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios.

“Por eficiencia económica y por equidad, estoy totalmente de acuerdo en que sean los supervisados los que paguen el 100%. Pero debe hacerse de forma gradual, sin causar un descalabro en el sistema financiero. Hay que tener cuidado en la implementación”, sostuvo el jerarca.

Modelos internacionales

En países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Suiza, las entidades reguladas financian directamente a los organismos de supervisión.

En Estados Unidos, por ejemplo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) se financia mediante tarifas cobradas a los participantes del mercado financiero. Sin embargo, los fondos recaudados se depositan en el Tesoro de EE. UU. y deben ser aprobados anualmente por el Congreso.

“Es en interés de los supervisados que exista una supervisión sólida, porque eso genera confianza en los costarricenses para participar en el mercado”, concluyó Solís.

¿Qué busca el expediente 24.813?

Iniciativa legislativa presentada por Jonathan Acuña, del Frente Amplio.

Propone que el financiamiento de las superintendencias provenga de aportes obligatorios de los entes supervisados.

Las entidades reguladas deberán destinar hasta un máximo del 2% de sus ingresos brutos anuales.

A partir del tercer año de entrada en vigencia de la ley, los aportes aumentarán un 10% cada año, hasta alcanzar el 100% del financiamiento.

Pilar Cisneros

Diputada oficialista

“Apoyo el proyecto para que los regulados asuman el costo de la supervisión y creo que debería haber un solo ente regulador general con gerentes para cada sector. Hay que hacer el sistema más barato y funcional”.

Manuel Morales

Diputado oficialista

“El mercado costarricense es pequeño y se pagan 4 estructuras de supervisión (Sugef, Supen, Sugeval y Sugese) mientras que economías más grandes y complejas se regulan con una sola Superintendencia”.

Otton Solís

Exdiputado PAC

“La idea era fundirlas en una sola institución, con un superintendente y cuatro intendentes, como si fuesen divisiones o departamentos de la superintendencia”.