Abogada Laura Ávila Bolaños estará a la cabeza de la institución
El Consejo de Gobierno nombró la tarde de este miércoles a Laura Ávila Bolaños presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La abogada de 53 años fungía como jefa de despacho de la ahora suspendida Marta Eugenia Esquivel.
Ávila posee una maestría en derecho empresarial y es cercana a Esquivel desde que estaba al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde sirvió como su asesora durante cinco meses.
“Ante la importancia de brindarle continuidad a la ruta de la salud, Ávila Bolaños fue designada hasta tanto no se cuente con una decisión definitiva sobre los recursos presentados por la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez ante el Juzgado Penal de Hacienda, luego de la suspensión por seis meses”, informó Presidencia.
Además de su desempeño bajo el ala de la funcionaria suspendida, la nueva jerarca también se desempeñó como resolutora de conflictos para el Ministerio de Justicia.
Según el oficio GA-DAGP-1966-2024, de la Dirección de Administración y Gestión de Personal de la CCSS, como jefa de despacho Ávila devengaba un salario promedio de ¢4.185.571 mensuales.
Mientras que ahora pasaría a ganar ¢5.122.847 al mes, monto que según la planilla de la Caja es lo que percibía Esquivel al frente de la institución.
La medida generó molestias entre el sector sindical. La Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) señaló que el nombramiento de Ávila era una forma de improvisación.
“Es lamentable la alta rotación de autoridades institucionales, lo que perpetúa un ciclo de inestabilidad que impacta tanto a los funcionarios como a la población que depende de la Caja”, comunicó.
Sala IV rechazó abuso
Asimismo, la Sala Constitucional desestimó los alegatos de Esquivel presentados en un recurso de habeas corpus, en el que alegó haber sufrido daños emocionales durante su traslado en una perrera de Pérez Zeledón a los Tribunales de Justicia en Goicoechea.
“Por unanimidad, los magistrados desestimaron los agravios respecto de la detención, las condiciones de la estadía en la Delegación Regional de Pérez Zeledón del OIJ, el uso del vehículo para el traslado de personas detenidas, las actuaciones del Ministerio Público en la causa penal.
Los alegatos relativos a las personas denunciadas, las declaraciones de las autoridades en los medios de comunicación, la denegatoria de la devolución de los pasaportes, la solicitud de nulidad de los allanamientos y los demás extremos conexos”, explicaron los magistrados.
La Sala Constitucional únicamente le dio la razón en que el OIJ no previó algún mecanismo de comunicación entre Esquivel y los custodios durante el traslado de la detenida, con el fin de atender sus necesidades fisiológicas.
Obligados a nombrar
El nombramiento de la nueva jerarca se lleva a cabo luego de que la junta directiva de la institución pasara más de un mes sin sesionar por no tener presidencia ejecutiva.
Lo anterior luego de que un criterio emitido por la Dirección Jurídica de la CCSS revelara que el órgano colegiado requiere a alguien ocupando ese cargo para sesionar.
“Para que la junta directiva pudiera sesionar bajo la figura de funcionario de hecho debe estar nombrado quien ocupe el cargo de presidente ejecutivo de la institución”, se lee en el texto.
De este modo, el Poder Ejecutivo tendría que nombrar a alguien que sustituya a Marta Eugenia Esquivel los seis meses que estaría fuera del cargo, cumpliendo la medida cautelar interpuesta por estar involucrada en las investigaciones del caso Barrenador.
Algunas de las decisiones que se tomarían sin considerar el criterio del órgano colegiado sería la contratación urgente de servicios en el Área de Salud San Francisco-San Antonio, luego de que la Contraloría General de la República anulara la adjudicación que la Caja ratificó previamente.