Manipulación de informe habría frenado hospitales

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga a tres altos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presuntamente haber manipulado un informe técnico-financiero con el fin de simular una crisis presupuestaria en la institución y así justificar la suspensión de importantes proyectos de inversión en infraestructura hospitalaria.

Según la hipótesis del Ministerio Público, el exasesor financiero de la presidencia ejecutiva, de apellidos Quesada Soto, junto con González Gaitán, directora actuarial, y Peraza Solano, directora de planificación, habrían alterado variables clave en un estudio elaborado por un equipo intergerencial de la propia institución.

La modificación habría influido directamente en la toma de decisiones de la Junta Directiva de la CCSS, la cual, al considerar que existía una insuficiencia financiera proyectada para el 2023, resolvió congelar el portafolio de inversión, suspender obras y frenar adquisiciones esenciales.

Entre los proyectos detenidos se encuentran la construcción del nuevo hospital de Limón, la Torre de Esperanza del Hospital Nacional de Niños, así como mejoras en los centros médicos de Golfito y Blanco Cervantes. Además, se paralizaron procesos para la compra y donación de terrenos y remodelaciones urgentes.

La fiscal del caso, Claudia Villafuerte, explicó que la modificación del documento fue deliberada: “La investigación logra establecer con un alto grado de probabilidad que los imputados condicionaron los resultados de un documento técnico, insertando variables distintas a las que se habían acordado por el grupo. Esto dio como resultado un informe que proyectaba una insuficiencia económica, lo cual no respondía a los datos originales”.

Esta investigación, presentado el 9 de marzo de 2023, fue el insumo utilizado por la Junta Directiva para justificar la suspensión de inversiones. 

Como efecto colateral, la Caja tuvo que alquilar instalaciones externas para operar áreas que debían ser intervenidas, lo que generó un gasto superior a ¢4.4 millones en arrendamientos.

En el expediente judicial, identificado como 23-000101-1218-PE y conocido como caso Rubik, también figura el nombre del hospital Max Peralta, cuya inclusión en el informe fue mencionada por algunos testigos, aunque la Fiscalía aclaró que este proyecto ya había sido adjudicado antes de la alteración del estudio, por lo que su relación directa aún no ha sido determinada.

La denuncia que originó la causa fue presentada por el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae-Afines), e incluyó una acusación directa contra la entonces presidenta ejecutiva de la Caja y actual ministra de Planificación, Marta Eugenia Esquivel, por un presunto trasfondo político en la elaboración del informe.

Aunque no se ordenaron detenciones, los tres funcionarios investigados fueron citados para declarar ante el Ministerio Público. Trascendió que uno de los testigos en la causa sería el expresidente de la CCSS, Álvaro Ramos. 

¿Qué dice la Caja?

En relación con los operativos llevados a cabo este lunes por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), en oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social y en el marco de una investigación penal en curso, la institución expresó su absoluto respeto por el trabajo que realizan las autoridades, y afirmó que brindará todas las facilidades y colaboraciones necesarias para el desarrollo de las diligencias judiciales.

Asimismo, se mantendrá vigilante para tomar las medidas administrativas correspondientes conforme avance el proceso y se esclarezcan los hechos, e informará oportunamente sobre lo que corresponda.

Lenin Hernández

Secretario general de Sinae-Afines

“Se suspendieron obras tan importantes como el hospital de Cartago, de Limón, Golfito, compra de equipamiento y, en algún momento, fortalecer el primer nivel de atención. Es ahí donde señalamos que no es posible que por acciones políticas tengamos un enorme perjuicio en la seguridad social”.

Luis Chavarría

Secretario general de Undeca

“La Junta Directiva de Undeca ve con buenos ojos y apoya los allanamientos realizados en la CCSS y en algunas viviendas de aparentes involucrados en maquillajes que se han dado en estudios para la contratación de obras y servicios dentro de la institución”.