Mala gestión margina a Policías de Migración

La Policía Profesional de Migración (PPM) atraviesa una mala gestión administrativa porque no se actualizaron los datos del expediente del fideicomiso de esta institución y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) dejó de contar con dinero suficiente para cubrir varios gastos, así lo denunció Jonathan Flores, promotor de la seccional ANEP – MSP.
Ante la omisión de este proceso, los oficiales de ese cuerpo policial que trabajaban en un edificio ubicado en Rohrmoser, fueron desalojados y los ubicaron en otro sector de la capital.
“Nos preocupa la parte de los activos, porque ahora están en un lugar, donde antes era una soda. Los activos se pueden dañar e incluso corren el riesgo de que los roben”, manifestó Flores.
De acuerdo con Flores, actualmente, si a un vehículo de PPM se le poncha una llanta o necesita un cambio de aceite, entre otras cosas, queda fuera de servicio por falta de presupuesto y esto no les permite realizar sus funciones correctamente.
Por otra parte, la DGME dice que no tiene afectación en sus vehículos, por lo que mantienen la flotilla funcionando de forma normal.

RECORTE PRESUPUESTARIO

Entre los recortes de presupuesto que se aplicaron a todos los cuerpos policiales, al parecer la PPM fue uno de los más afectados.
“Me parecería muy injusto que se le diga que le toca sufragar de sus bolsillos el gasto de traslado y hospedaje cuando fue la administración que los puso ahí, sabiendo donde viven los oficiales”, manifestó Flores.
Además, explica que muchos de estos uniformados viven lejos del lugar donde trabajan y para ellos no hay delegaciones donde puedan descansar o alimentarse como es debido.

NO HAY DINERO

Flores también indicó que Gerardo Mora, presidente de la seccional de ANEP – Migración, tuvo una conversación con el subdirector de Migración y le dijo que no había dinero para viáticos ante lo cual se puede hacer nada.
De acuerdo con el promotor de la seccional ANEP-MSP, los contratos de limpieza y seguridad se hicieron a empresas privadas y debido a los recortes debieron prescindir de sus servicios.
Al parecer los oficiales ahora asumen estas labores por su propia voluntad, para mantener el orden y aseo en sus lugares de trabajo.
“Estos distrae las funciones y el control migratorio, que es la función principal de esta policía”, denunció.

DELINCUENCIA

El promotor de la seccional ANEP-MSP aseguró que Costa Rica se encuentra de puertas abiertas para muchos extranjeros que vienen en condiciones irregulares o que poseen otros planes, como los delictivos, porque tienen todas las ventajas para realizar sus actividades a la libre, refiriéndose al poco control migratorio.
“A la ANEP le preocupa mucho ver como se degrada la función policial en todas sus aristas y ahora especialmente en la Policía de Migración, mientras la inseguridad ciudadana va subiendo”, aseguró Flores.
Por otra parte, ese sindicato pide que se destituya a Raquel Vargas, titular de la DGME.
“No es nada personal contra ella, pero nos parece que la camiseta le ha quedado grande”, comentó Flores.
A su parecer, tras el recorte, la directora de Migración no defendió el presupuesto de la institución, ni realizó ninguna acción legal.

MINISTRO SOTO GUARDA SILENCIO

“Michael Soto, ministro de Seguridad, parece que es ministro solo cuando hay decomiso de drogas. Le gusta salir, tomarse la foto y decir, vean un golpe al narcotráfico, aunque sea un engaño para el pueblo”, afirmó Flores.
De acuerdo con Flores, cuando se trata de temas de migración u otros de seguridad ciudadana, el ministro guarda silencio, “no ha tomado cartas en el asunto sobre esta negligencia administrativa por parte de la Dirección de Migración”, comentó.
Trascendió que los oficiales asumen sus gastos y en el momento que realizan la liquidación de viáticos, no les reciben la boleta.
Según Flores, les dicen que en la partida presupuestaria no hay dinero y simplemente no les reciben la boleta, “Les dicen que no hay dinero, que están en cero”, agregó.

MIGRACIÓN

De acuerdo con un informe de la PPM, la partida de viáticos es una de las más afectadas y se está trabajando en las medidas que se deben adoptar.
Ese cuerpo policial confirmó ante DIARIO EXTRA que de momento la Gestión de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, es el único departamento que debió trasladarse a las oficinas Centrales en La Uruca.
Además, los servicios de limpieza y seguridad, serán atendidos según el presupuesto ordinario.
La PPM, informó que las afectaciones operativas se deben al recorte de presupuestario, que también afecta a otros sectores policiales, pero este interfirió con las labores administrativas, por lo que se les complicarán las deportaciones, la deducción de viáticos, el transporte exterior.
Por otra parte, la reducción al Fondo Especial es impedirá cumplir con lo establecido en el artículo 18, inciso 4, de la N° 8.764, que estipula: “Ejecutar el rechazo, la deportación y la expulsión de las personas extranjeras, cuando corresponda, de conformidad con el proceso reglado por la presente Ley”.

OTRAS AFECTACIONES

Tampoco podrán hacer operativos o desplazarse a lo largo y ancho del país, debido a la afectación de viáticos y transportes.
De acuerdo con la PPM, otra de las afectaciones es que los centros de atención de personas migrantes, podría cerrar, porque la baja en los recursos del fondo social y especial imposibilitaría su operación.
El servicio que brindan en los aeropuertos bajaría, porque los viáticos no alcanzarían para desplazar a los uniformados, debido a que el cuerpo policial es pequeño, comparado con la amplia operación que se debe dar en ambas fronteras.
Por otra parte, no será posible brindarles a los oficiales, equipo o implementos necesarios para que puedan llevar a cabo sus funciones, a saber: chalecos antibalas, armas, uniformes, entre otros.
Los funcionarios también resultan afectados en rubros como pago en las horas extra y mantenimiento de edificios.

MÁS RECORTES

Se les realizó un recorte ¢1.200 millones en el Fondo Especial de Migración que los afecta con el proyecto “Fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración”, que incluye el alquiler del edificio donde se ubica la dirección de la PPM, el pago de servicios públicos, entre otros.  
Por otra parte, les recortaron ¢450 millones en el Fondo Nacional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FONATT), que afecta directamente uno de sus proyectos llamado CONATT-ERI, cuyo objetivo es cumplir con las funciones que se encuentran dentro de la Ley N° 9095, que es la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT).
Dado el recorte de este presupuesto, no podrá cumplir con establecido en el artículo 1 de esta Ley que es: “Promover políticas públicas para el combate integral de la trata de personas, propiciar la normativa necesaria para fortalecer la sanción de la trata de personas y sus actividades conexas”.
Por otra parte, este artículo también se enfoca en, “definir un marco específico y complementario de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas y sus dependientes e impulsar y facilitar la cooperación nacional e internacional en el tema de la trata de personas”.
Lo anterior, imposibilitará brindar la atención adecuada para disminuir la presencia del crimen organizado en nuestro país.

– Refrendar:
Dar validez a un documento por medio de la firma de una persona autorizada.