Mayoría por incumplimiento de deberes o prevaricato
Un total de 95 investigaciones abiertas suman los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República.
Se trata de un grupo de 34 titulares y suplentes de las diferentes salas, entre ellos Orlando Aguirre, presidente de la Corte Plena.
Incumplimiento de deberes y prevaricato son los delitos por los que más se investiga a los magistrados, así como abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
El que más acumula es Fernando Cruz, de la Sala Constitucional, con un total de 10 causas, entre ellas peculado, prevaricato, infracción al Código Electoral e incumplimiento de deberes.
Fernando Castillo y Jorge Araya, de la Sala Constitucional, son los segundos con más investigaciones en curso con un total de ocho cada uno, destacando en ambos el prevaricato y la falsedad ideológica.
En el caso del presidente de la Corte suma seis investigaciones abiertas, también relacionadas con incumplimiento de deberes y prevaricato.
El único magistrado que está relacionado con un delito de tráfico de influencias es Luis Fernando Salazar, de la Sala IV.
Además solo Sandra Zúñiga, de la Sala de Casación Penal, tiene un expediente abierto por abuso de autoridad.
Jorge Leiva, Carlos Guillermo Zamora y Patricia Vargas son los titulares de la Corte Plena que no tienen causas abiertas, de acuerdo con información suministrada por la Fiscalía General de la República.
Delitos
El prevaricato es cuando un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda en hechos falsos. La sanción es de dos a seis años de prisión, de acuerdo con el artículo 357 del Código Penal.
El incumplimiento de deberes tiene lugar cuando el funcionario público omite, rehúsa o retrasa ilegalmente un acto propio de su función, y será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años.
El tráfico de influencias es cuando se trata de influir en un servidor público para que realice, omita o retarde un acto, resolución, concesión, adjudicación o nombramiento.
Lo anterior con el objetivo de obtener un beneficio económico o ventaja indebida para sí o para otro y será sancionado con pena de dos a cinco años de prisión, de acuerdo con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Causas administrativas
Diario Extra consultó al Poder Judicial por las causas administrativas contra los magistrados, sin embargo, nos informó que únicamente se registra una en trámite.
Debido a que los procesos disciplinarios son privados, las autoridades judiciales señalaron que no pueden brindar detalles de este caso en particular.
Este medio consultó a la Corte Suprema de Justicia sobre el criterio en relación con las causas en investigación a las que está sometido este grupo de 34 funcionarios judiciales.
Sin embargo, indicó que existe un impedimento legal para referirse a dichos expedientes. La Corte hizo referencia a los artículos 9, 35 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para no emitir el pronunciamiento.
“Se prohíbe a todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial: 7) Interesarse indebidamente y, de cualquier modo, en asuntos pendientes ante los tribunales, o externar su parecer sobre ellos”, detalla el artículo 9. Asimismo, se amparó en el artículo 295 del Código Procesal Penal, relacionado con la privacidad de las actuaciones en estos procesos judiciales: “Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave”.
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