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Los magistrados coinciden en que el proyecto de Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo, expediente 21.035 afectará un total de 684 pensionados del Poder Judicial, ya que podrían verse obligados a pagar una doble carga tributaria.
Según el informe de la magistrada de la Sala II, Roxana Chacón Artavia, en relación con el plan que impulsa la diputada Xiomara Rodríguez, a ese grupo de jubilados deberá rebajársele el 13% de la cotización obligatoria para contribuir al sostenimiento del fondo, el impuesto de renta y, además, la contribución especial y solidaria que propone la iniciativa.
“Se echa de menos el estudio técnico sobre si estas dos obligaciones podrían considerarse o no como una doble carga tributaria a estos pensionados y como un acto confiscatorio de los montos devengados por los pensionados, que pudieran violentar el principio constitucional de proporcionalidad y racionalidad”, se advierte en el informe del cual DIARIO EXTRA tiene copia.
Otro de los temas que les preocupa a los magistrados se relaciona con el principio de irretroactividad de la ley:
“El artículo 34 de la Constitución Política dispone: ‘A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas’. Este proyecto Ley propone que la contribución especial, solidaria y redistributiva, se aplique también a las personas que actualmente gozan del derecho jubilatorio y que antes se encontraban exentas de este pago, lo que podría constituir una lesión a este principio, toda vez que de manera intempestiva los beneficiarios verían reducido el monto de su pensión en grandes proporciones”, se afirma en el documento de la magistrada Chacón.
OTRAS ADVERTENCIAS
El informe además advierte que el proyecto puede generar un desestímulo para los funcionarios activos y que pondría en entredicho los requisitos establecidos para los que hoy están pensionados.
“Los pensionados del Régimen del Poder Judicial actualmente gozan de este derecho de pensión porque cumplieron los requisitos establecidos, sirvieron por un plazo determinado de tiempo y realizaron las cotizaciones que solicitaba el Fondo. La aprobación de esta Ley, sí se considera se constituye en una afectación al monto que devengan estos pensionados, ocasionando la disminución de sus pensiones”.
Agrega: “Se reitera a la Comisión Legislativa que estudia el Proyecto de Ley, que estas medidas desestimulan las futuras jubilaciones, pues los servidores judiciales preferirán continuar laborando, a pesar de cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio para pensionarse pues, de hacerlo en estas condiciones, verían sensiblemente disminuidos sus ingresos”.
INSOSTENIBILIDAD
DEL FONDO
Otra de las alertas que se desprende del informe es en relación a la insostenibilidad del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
Al igual que lo señaló la magistrada de la Sala II, Julia Varela Araya, en relación con el proyecto Ley para Unificación de los Regímenes de Pensiones, expediente 21.539, temen que con el plan impulsado por la congresista Rodríguez se desestimule el ingreso de nuevos cotizantes y con ello se genere un déficit.
“El Régimen se vería seriamente afectado, al no contar con estas cotizaciones, pues se disminuiría el aporte económico de los nuevos funcionarios que anualmente ingresan a la institución, por lo que el Fondo no podría contar con el ingreso de nuevos cotizantes que inyecten recursos económicos al fondo, con la finalidad de poder fortalecer y sostener las pensiones de los servidores ya jubilados”, comentó.
INSISTE EN PLAN
En entrevista con DIARIO EXTRA, la diputada Rodríguez dijo que continuará luchando porque las pensiones de lujo contribuyan más al fisco.
“El proyecto nace con la discusión del plan fiscal. Nosotros en Restauración estábamos viendo cómo no gravar la canasta básica, la salud y la educación y de parte de nuestro despacho salió una moción para ponerle un impuesto a las pensiones de lujo. La moción la perdimos, pero seguimos estudiando el tema. Entendimos que las pensiones de lujo no se pueden eliminar por ser un derecho adquirido y ya algunas tienen gravámenes, que no puede superar el 55% con todos los impuestos que ya pagan. Entonces nos preguntamos qué podíamos hacer, sobre un tema que ha generado mucho disgusto en la población”.