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Los magistrados Carlos Chinchilla, Doris Arias, Jesús Ramírez y la suplente María Elena Gómez presentaron un informe preliminar a la Corte Plena, donde según afirma el Semanario Universidad piden “enterrar” la medida disciplinaria en su contra por haber desestimado una causa penal contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara.
El magistrado Luis Fernando Salazar confirmó a DIARIO EXTRA que el informe se presentó a solicitud de la Corte Plena, pero que debido a falta de tiempo no ha podido ser conocido.
“El procedimiento en estos casos es que su contenido sea conocido por los magistrados en sesión y a partir de su análisis se determine si se abre o no la medida disciplinaria”, indicó.
Salazar no pudo confirmar el contenido del informe, debido a que no ha podido verlo a profundidad.
El 30 de octubre anterior, la Asociación de Investigadores en Criminalística (ANIC) presentó además de la denuncia al Tribunal de Inspección Judicial, otra de tipo penal ante el Ministerio Público contra los cuatro magistrados. La misma también incluye a Celso Gamboa, pero esta se analiza por aparte.
Según ANIC, estos magistrados pudieron cometer el delito de prevaricato (dictar una resolución arbitraria sabiendo que es contraria a la ley) luego de que firmaron la desestimación de una causa penal que pidió la Fiscalía General contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata en febrero de este año, tras una denuncia anónima que involucra al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños.
En ese momento Chinchilla era presidente de la Sala de Casación Penal (Sala III) y fue el magistrado instructor en dicha causa.
La sospecha de que la causa se desestimó erróneamente, creció luego que Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), revelara mediante una carta dirigida a Chinchilla que la desestimación dejó por fuera un informe de rastreo de llamadas de más de 1.000 llamadas entre los dos diputados, el exlegislador y asesor socialcristiano Walter Céspedes y el empresario Bolaños.
Álvaro Rodríguez, presidente de la ANIC, calificó como un “descaro” los argumentos presentados por los magistrados para que se entierre la causa.
“No puede ser excepción ni el puesto más humilde ni el más alto del Poder Judicial, todos son empleados públicos sujetos a una ley orgánica que establece sanciones disciplinarias a quien cometa errores, eso no tiene vuelta de hoja, no son dioses del Olimpo, entonces buscar prerrogativas de ese tipo es hasta risible”, resaltó.
Rodríguez recalcó que si en este caso se determina que el presidente de la Corte cometió una falta que amerita su despido, no debe haber otra medida y se debe cumplir.
Se quiso conocer la opinión del magistrado Chinchilla, pero como ya es común no responde las llamadas ni mensajes de este medio.
Hoy la Corte Plena tendrá una sesión extraordinaria donde se podría conocer este informe, pero, además, los magistrados deberán determinar otra denuncia disciplinaria contra el magistrado Gamboa, por supuestamente meter mano a un expediente judicial contra el partido Movimiento Libertario y determinar cuál será el magistrado instructor.