La Corte Suprema de Justicia decidió este lunes por mayoría rechazar una reforma al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que buscaba evitar que los magistrados sigan nombrando personal de confianza en sus despachos.
El artículo 50 de dicha ley indica: “Cada magistrado podrá contar, al menos, con un abogado asistente, de su nombramiento, con aprobación del Consejo Superior del Poder Judicial. Para separarse de su propuesta, el Consejo deberá hacerlo con el voto de todos sus miembros, en resolución debidamente fundamentada, en cuyo caso solicitará al magistrado el envío de otro candidato. El presidente de la Corte contará con un director del despacho del presidente, quien desempeñará las funciones que éste le asigne”.
La propuesta que se discutió fue una reforma a este artículo que presentó el magistrado Orlando Aguirre, de la Sala II.
La reforma pretendía cambiar el nombramiento para que fueran hechos por la Sala y no de forma individual por cada magistrado, definiendo sus funciones y además que los elegibles deberán estar dentro de la carrera judicial, salvo casos de inopia.
Aguirre indicó que una de las razones para hacer la modificación era dar seguridad laboral a estos letrados.
“Ya no serían nombrados discrecionalmente por el magistrado sino por la Sala en votación unánime y deberán estar legibles en el sistema de carrera judicial, lo que aplica un filtro para limitar la discrecionalidad”, explicó Aguirre.
GENERALIZADO
Sin embargo, la mayoría de los magistrados rechazó la propuesta: 19 de ellos la votaron en contra y solo 2 a favor.
Luis Porfirio Sánchez, de la Sala II, señaló que obligar a una votación unánime en cada sala para ratificar la designación del letrado es inoperante.
Dijo que por lo general el jefe de despacho es quien hace los nombramientos en esos casos y el posible veto de los magistrados a los postulantes generaría conflicto.
También Álvaro Burgos, alto juez de la Sala Penal, recordó que ese letrado que trabaja directamente con el magistrado es un asesor de suma confianza, lo cual sería un problema al imponer un personal de confianza de cada alto juez.
“No es necesario que estén en la carrera judicial porque no es un puesto jurisdiccional sino de confianza y además limitaremos a excelentes profesionales que vienen de la Defensa Pública o del Ministerio Público, no estamos eligiendo jueces”, apuntó.