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La Corte Plena determinó que el proyecto que pretende implementar el monitoreo electrónico con localización permanente como alternativa al apremio corporal afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
Durante la sesión, los magistrados advirtieron que la propuesta impone sobrecargas administrativas, genera roces en materia de competencia policial y representa elevados costos de adaptación tecnológica.
El magistrado de la Sala II, Luis Porfirio Sánchez, detalló que el texto no solo añade tecnología, sino que también altera la labor de los tribunales al asignar nuevas funciones a los jueces de familia.
“El proyecto no se limita a incorporar la tecnología, las herramientas tecnológicas para la ejecución del apremio corporal, sino que también incorpora unas nuevas competencias para los jueces de familia, principalmente los jueces de pensiones alimentarias”, dijo.
Entre estas tareas destacan determinar el ámbito de movilización del deudor, autorizar salidas restringidas por motivos de salud o empleo y definir la ejecución del apremio penitenciario ante un incumplimiento.
Asimismo, el magistrado alertó sobre un posible conflicto de competencias policiales.
Esto se debe a que el plan involucra al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuya función legal se limita a la investigación de delitos.
“Recordemos que el OIJ es una policía que por ley está para determinar la investigación de los delitos, no está hecha o no está dentro de sus competencias esto”, agregó.
Por su parte, la magistrada Roxana Chacón sostuvo que la iniciativa resulta innecesaria frente al nuevo Código Procesal de Familia.
“Hay incidencias que más bien son más beneficiosas que la persona obligada puede pedir y no someterse a un monitoreo electrónico que de todos modos se va a perder si la persona no cumple en el tiempo que está establecido. Tiene que regresar nuevamente al juzgado para que el juez lo mande a prisión”, explicó.
Chacón enfatizó que la legislación vigente contempla mecanismos más flexibles y beneficiosos, como permisos para buscar trabajo o realizar pagos en tractos, que permiten mantener a la persona en libertad sin incurrir en elevados costos de vigilancia.
Por este motivo, la propuesta de ley necesitaría 38 votos para ser aprobada en la Asamblea Legislativa.