Los magistrados de la Corte Plena acordaron consultar a la Contraloría General de la República si pueden declarar una situación de urgencia ante la crisis de seguridad ciudadana que enfrenta el país, la cual les daría luz verde para tomar ¢1.200 millones de sus recursos.
Diario Extra preguntó al despacho de prensa del Poder Judicial, el cual confirmó que esta acción no es para solicitarle más dinero al Ministerio de Hacienda.
“Para esta situación, en caso de aprobarse y que la Contraloría dé el aval, estaríamos hablando de ¢1.200 millones, que se utilizarían en el fortalecimiento de la seguridad en las sedes judiciales, específicamente las que están en el Caribe y el Primer Circuito”, explicaron.
Este medio también consultó al abogado administrativo Carlos Campos si el Poder Judicial puede llevar a cabo este proceso.
“Ese tipo de actuaciones sí se ha hecho, basado en la parte de la fiscalización que tienen. Es un tema interpretativo y que nunca ha generado ningún problema, esto como tercer poder de la República”, enfatizó.
Cabe destacar que durante la sesión de Cortes Plena este lunes se analizaron varias opciones que permitan brindar recursos propios para tener mejores medidas de seguridad.
“Debemos hacer una consulta a la Contraloría en el sentido de si es procedente que la Corte haga una declaratoria de urgencia, atendiendo la situación de inseguridad que está viviendo el país”, dijo Orlando Aguirre, presidente de la Corte.
Una respuesta lo más pronto posible del ente contralor esperan los jueces para conocer qué pueden hacer desde la trinchera del Poder Judicial.
Por el momento esperarán la respuesta de la Contraloría, ante la posibilidad de que la Corte también pueda hacer una excitativa al Poder Ejecutivo para realizar dicha declaratoria por medio de un decreto ejecutivo. Además, se aprobó instruir a las direcciones del Poder Judicial revisar partidas presupuestarias para redirigir recursos a temas de seguridad en sedes que enfrentan riesgos o vulnerabilidades.
¿Qué dice la ley?
El artículo 250 de la Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza disponer de un fondo de contingencia debido “para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas, originadas en fenómenos naturales, conmoción interna o calamidad pública”.
