Los magistrados de la Corte Plena aprobaron un informe el cual indica que la propuesta de extender la detención de sospechosos de delitos de 24 a 48 horas no afecta el funcionamiento ni la organización del Poder Judicial.
El expediente 24.401 busca que en casos más complejos las personas señaladas como responsables de los crímenes estén 24 horas más detenidas para efectuar las investigaciones correspondientes.
Sandra Zúñiga, magistrada de la Sala III que presentó el documento, dijo que la iniciativa no generaría perjuicios presupuestarios.
“Después de analizar el contenido de la propuesta, incluso de las opiniones de jerarcas, considero que no afecta la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial”, afirmó.
Eso sí, la magistrada Zúñiga dijo que la iniciativa carece de sentido si antes no se modifica el artículo 37 de la Constitución Política.
Homicidio simple y calificado, femicidio, desapariciones de personas, corrupción y enriquecimiento ilícito, así como infracciones a la ley de estupefacientes, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y crimen organizado son los delitos que tendrían una ampliación del periodo hasta 48 horas.
Sandra Zúñiga
Magistrada de Sala III
“Cuando a una persona se le aprehende y se le detiene inicia la investigación, que tiene que venir acompañado de una denuncia para que empiecen los actos que corresponden”.
Zúñiga explicó que de los entes que están “bajo la misma cobija del Poder Judicial”, solo la Defensa Pública mencionó posibles afectaciones, como en la logística del traslado de personas y el aumento de la estancia en celdas judiciales.
Aclaró que el único problema que los diputados tendrían que revisar para la aprobación del proyecto sería la proporcionalidad que se da dentro de delitos con mayor complejidad en ciertas normas.
Uno de los ejemplos es la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer, la cual incluye faltas como maltrato para la cual la pena va de tres meses a un año de cárcel.
Por otra parte, hizo una diferenciación sobre los conceptos de aprehensión, detención y prisión preventiva.
Detalló que actualmente, sumando los dos primeros, la ley faculta un lapso de 24 horas como máximo.
Mientras que, en el caso de la aprehensión, la Policía Administrativa tiene seis horas para retener a un sospechoso y si se aprueba la iniciativa podría pasar hasta 12 horas.
Cabe señalar, que el Poder Judicial reiteró su compromiso con la seguridad y la justicia, siempre en apego a la Constitución y los principios del debido proceso.
- Esta nota fue actualizada este martes 25 de febrero de 2025 a las 10:36 p.m.
