El magistrado de la Sala Constitucional Fernando Castillo Víquez se inhibió de participar en el curso de la consulta 24-018167-0007-CO realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en relación con la Ley Jaguar.
Según explicó la entidad, Castillo no intervendrá en el proceso porque su hija labora en la institución contralora y estuvo involucrada en la elaboración de la consulta de constitucionalidad.
“Esta solicitud fue aceptada con base en reiterados y suficientes antecedentes de la Sala, a partir de los cuales la razón alegada por el magistrado Castillo siempre ha sido aplicada a los efectos de admitir la inhibitoria que un magistrado presenta en tal tipo de circunstancias”, detalló.
Además, aclaró que Castillo solo se inhibía de la consulta que efectuó la Contraloría, pues sí estará habilitado para conocer tanto el recurso que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como el que expusieron 11 diputados.
Mientras se resuelven estos procesos ante el Tribunal Constitucional, la CGR sostiene que la Ley Jaguar presentaría graves vicios que imposibilitarían que sea sometida a referéndum. Conforme aduce la institución, la iniciativa del Poder Ejecutivo “reduce el sistema de fiscalización a su mínima expresión, violenta principios, derechos y jurisprudencia constitucional, además, altera la distribución de competencias que fueron previstas por el legislador constituyente”. Asimismo, “violentaría la independencia” de la Contraloría.
“Es nuestra responsabilidad histórica accionar los mecanismos y procesos pertinentes en defensa de nuestro modelo democrático y de nuestra Constitución Política, que tantos beneficios les ha procurado a muchas generaciones de costarricenses”, manifestó la contralora Marta Acosta.