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El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, consideró que existe un “deterioro gravísimo” en la gestión pública relacionado con la protección de los derechos humanos, situación que, según afirmó, se refleja en el crecimiento sostenido de los casos que llegan al tribunal constitucional.
Araya hizo las declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, donde se analiza su eventual reelección como magistrado.
Según las proyecciones expuestas por el jurista, la Sala Constitucional podría cerrar 2026 con unos 47 mil casos, frente a aproximadamente 39 mil registrados en 2025 y más de 28 mil en 2022.
Para Araya, ese incremento debe interpretarse como un indicador de problemas en la gestión de las instituciones públicas.
“Hay que decirlo abiertamente, hay un deterioro gravísimo de la gestión pública del gobierno central y descentralizado en lo relativo a los derechos humanos de los costarricenses”, manifestó.
El magistrado sostuvo que cuando la administración pública funciona de manera eficiente, los tribunales constitucionales tienden a recibir menos asuntos, mientras que un crecimiento acelerado de expedientes puede evidenciar vulneraciones de derechos y libertades.
Araya aseguró que el circulante de la Sala Constitucional refleja lo que calificó como una “grave situación” de los derechos fundamentales en Costa Rica, al recordar que ese tribunal tiene como función resguardar la Constitución y las libertades ciudadanas.
Durante la comparecencia también fue consultado sobre el impacto que podrían tener los recortes presupuestarios aplicados al Poder Judicial, que, según la consulta planteada en comisión, superarían los ₡40 mil millones.
Araya evitó entrar al fondo del tema al señalar que la propia Sala Constitucional podría tener que resolver gestiones relacionadas con esas decisiones.
“Me encantaría referirme a ese tema, pero ese tema lo tendrá que resolver la Sala Constitucional en esa creatividad administrativa de bloqueo y recorte”, respondió.
Añadió que se trata de un asunto que posiblemente será planteado próximamente por la Corte Suprema de Justicia ante el tribunal constitucional.