Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
“El proceso merece seguimiento y debe recibir el trámite correspondiente”, afirmó Luis Porfirio Sánchez, magistrado de la Sala II, sobre la iniciativa que facilitaría los permisos de viaje para personas con deudas alimentarias.
Sánchez presentó el informe solicitado por la Asamblea Legislativa respecto al expediente 24.815, impulsado por el diputado Fabricio Alvarado.
Aunque la Dirección Jurídica advirtió que la medida podría afectar el funcionamiento del Poder Judicial, el informe sostiene lo contrario.
“Consideramos infundado el argumento de la Dirección Jurídica sobre un aumento masivo de solicitudes, ya que la competencia para resolver estos casos recae en los jueces de familia”, explicó.
Según Sánchez, la normativa actual impide que personas con obligaciones alimentarias viajen por razones laborales, académicas o médicas, debido a que la restricción se aplica de manera automática.
“Tras evaluar la propuesta, concluimos que refuerza la protección de los derechos humanos, que en algunos casos han sido vulnerados”, agregó.
El magistrado recomendó que las solicitudes se integren al mismo expediente de pensión alimentaria, permitiendo que el juez responsable del caso tome la decisión.
“El problema es que, de no aclararse, el trámite podría gestionarse ante un juez de familia en lugar de uno de pensiones”, advirtió.
Además, enfatizó que la propuesta no interfiere con la organización ni la operatividad del Poder Judicial. El informe recibió respaldo unánime de los magistrados, por lo que en el Congreso solo requerirá 29 votos para su aprobación.
El proyecto busca permitir que las personas con deudas alimentarias puedan viajar si cumplen ciertos requisitos.
El beneficio aplicaría cuando el viaje tenga fines laborales, educativos, médicos, vacacionales o en caso de enfermedad grave o fallecimiento de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad en el extranjero.