Magistrada lamenta decisión de Justicia sobre convenio para audiencias virtuales
Patricia Solano calificó el acuerdo tomado por el ministro como un "retroceso"
La magistrada Patricia Solano calificó como un “retroceso” la decisión del Ministerio de Justicia y Paz de finalizar el convenio con el Poder Judicial para realizar audiencias virtuales desde los centros penitenciarios y advirtió que la medida podría provocar atrasos en las diligencias judiciales.
Según Solano, la eliminación de esta modalidad obligará a destinar una mayor cantidad de funcionarios para trasladar a las personas privadas de libertad hacia los tribunales, tanto para audiencias de medidas cautelares como para debates.
“Esto entorpece las diligencias judiciales porque tenemos que utilizar mayor cantidad de personal para poder trasladar a las personas detenidas que tienen que asistir a diferentes diligencias, ya sean audiencias de medidas cautelares o audiencias de debate”, señaló.
La magistrada agregó que la falta de personal suficiente para efectuar los traslados podría incidir directamente en los tiempos de respuesta del sistema judicial.
Explicó que las audiencias virtuales se utilizaban principalmente en asuntos relacionados con la ejecución de la pena, debido a las características de esas diligencias. También se aplicaban en algunos casos de medidas cautelares y en revisiones sobre el cumplimiento de medidas alternativas.
“Sobre todo, ejecución de la pena es casi siempre virtual por el tipo de diligencia y, en algunos casos, en medidas cautelares o cuando se analiza el cumplimiento de algunas medidas alternativas también las hacemos de manera virtual”, indicó.
La magistrada cuestionó que se exijan mayores resultados al Poder Judicial mientras se adoptan decisiones que, a su criterio, dificultan su operación.
El Ministerio de Justicia anunció que dará por finalizado el convenio después de las manifestaciones del Poder Judicial sobre la prioridad de las audiencias presenciales en materia penal. La institución señaló que los oficiales destinados a coordinar las videoconferencias serán reasignados a labores de vigilancia y seguridad en los centros penitenciarios.