Magistrada califica “peligroso” el plan para que diputados nombren al fiscal

La magistrada de la Sala III, Patricia Vargas, indicó que la propuesta de ley que busca que la Asamblea Legislativa nombre al jerarca del Ministerio Público, es “peligrosa desde la democracia misma”.

Esto como parte del análisis que se realizó en Corte Plena del Expediente 25.634, que es impulsado por la legisladora oficialista Marta Eugenia Esquivel. 

El plan propone que la Asamblea Legislativa sea la encargada de nombrar al jerarca del Ministerio Público, por mayoría calificada de las diputaciones presentes. 

La iniciativa fue analizada en Corte Plena, tras un informe presentado por la magistrada Patricia Solano, el cual avalado por 15 de los 20 representantes del Poder Judicial.

Una de las personas que más cuestionó la iniciativa fue Vargas, advirtiendo que tendría hasta implicaciones de tipo político. 

“Hay que tener presente que con esta iniciativa se socava la función de la persona que ostenta la condición de fiscal general, se debilita esa condición”, aseguró.

Vargas también fue crítica en el tema de las causales de despido para el jerarca del Ministerio Público que propone la iniciativa, así como la rendición de cuentas que plantea ante la Asamblea Legislativa. 

“Se abre la posibilidad de que existan desacuerdos políticos con esos informes y que, con dos años de desacuerdo, como plantea el proyecto ya exista posibilidad de remover a quien ejerza ese cargo, es decir que vamos a tener un fiscal cuya permanencia dependa del poder político”, agregó. 

Para el magistrado de la Sala I, Carlos Zamora, la propuesta va en contra de lo establecido en la Sala Constitucional. 

“No puede la Asamblea Legislativa por vía de una reforma legislativa ampliar las competencias que tiene por vía constitucional. Si es la Constitución la que dice quien nombra, usted no puede por vía de una ley ampliarse las potestades que le da la Constituyente”, explicó. 

Zamora señala que se trata de una violación a la división de Poderes, porque la Asamblea Legislativa ya tiene establecido la potestad de que nombramientos puede realizar. 

Mientras que la magistrada Solano fue enfática en que la iniciativa “si impacta completamente” el funcionamiento y la organización del Poder Judicial. 

Propuesta de ley

El cambio más significativo es el traslado de la facultad de nombrar al fiscal general y al fiscal subrogante. Actualmente es una atribución del Poder Judicial, pero la propuesta busca que sea la Asamblea Legislativa quien realice la elección.

Para ser aprobado, el nombramiento requerirá de los votos de dos tercios de los diputados presentes.

El proceso realizará mediante un concurso público de antecedentes y oposición tramitado por la Comisión de Nombramientos del Congreso.

Asimismo, establece que la persona se mantendría en el cargo por cuatro años, con una única posibilidad de reelección. 

Como parte de los requisitos, se pide que la persona aspirante sea abogada con al menos 10 años de ejercicio profesional o de carrera judicial y no deberá haber militado ni pertenecido a partidos políticos durante los últimos diez años antes de la postulación.