La tala ilegal de árboles y el blanqueo de madera que ejecutan organizaciones criminales ha consumido los bosques costarricenses desde tiempos inmemorables y a su vez deja millones en las arcas de organizaciones criminales que han buscado diversificar sus ilícitos negocios.
Se trata de una problemática que las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público conocen al dedillo y trabajan para frenar el daño ambiental y los delitos.
El blanqueo de madera es uno de los modos de operar que utiliza la mafia que desangra los bosques. Estas organizaciones compran madera legal en primera instancia y luego en el mercado negro hacen negocios con madera ilegal, para finalmente mezclarla y juntar un solo cargamento que a primera vista en un control de carretera parezca estar en regla con lo que demanda la ley.
GANANCIAS DE HASTA 300%
Según el Minae, dicha actividad ilegal genera ganancias de hasta un 300% más en comparación con la que se hace de forma lícita, tomando en cuenta cada uno de los involucrados en el proceso, desde el finquero, los que talan, hasta intermediario y compradores finales.
El OIJ les tiene el ojo puesto a tres bandas que trafican madera en grandes proporciones, de las cuales por temas de investigación prefiere no difundir el alias que usan, ya que les siguen el rastro con el objetivo de eliminar dicho delito.
Según las autoridades, esas agrupaciones son autores intelectuales de las talas, por lo cual no se ven relacionadas con el proceso de preparación para poner la madera en venta principalmente fuera de Costa Rica, pues reciben mejor remuneración, por lo que una vez en el extranjero se le pierde la pista al producto.
En apariencia las grandes organizaciones contratan otros pequeños para que hagan el trabajo sucio, es decir que mezclen los cargamentos.
Reportes del Organismo de Investigación Judicial señalan que el año pasado ejecutaron 4 decomisos de material que, revuelto, es decir solo una parte llevaba documentación y el resto estaba camuflado dentro de ese.
Añadieron que los destinos en nuestro país son los aserraderos clandestinos o bien los legales, ya que es casi que imposible controlar el producto una vez llegado a los centros de acopio.
10 VECES MÁS CARA
Asia figura como el continente más apetecido, donde grandes empresarios y corporaciones de madera exótica compran más caro el producto; es decir, aquí una tuca de 1 metro de largo por 1 metro de ancho cuesta alrededor de ¢5 millones y en su destino final puede superar fácilmente los ¢50 millones, esto es proporcional al tamaño de cada trozo.
Carlos Pizarro, ingeniero forestal del área de conservación Tempisque, habló con DIARIO EXTRA sobre el tema y expresó que el producto varía el precio según el mercado en el que se coloque, incluso hay sitios en que el valor podría aumentar hasta 30 veces.
Para tener una idea, una pulgada de cocobolo, una de las maderas finas y más buscadas por los traficantes, vale alrededor de ¢4.000, mientras que en China esa misma cantidad puede costarle al consumidor final ¢50 mil.
Usualmente este material está destinado para uso en muebles en hoteles y hasta en carros de alta gama.
El experto también señala que estos grupos delictivos trabajan bajo una modalidad bastante ordenada, con la idea de no levantar sospechas. Los sujetos llegan en pequeños grupos, cortan la madera con equipo especial, y la dejan reposar por cinco días, luego van a otro sector a talar los árboles, así sucesivamente en diferentes regiones del país.
Por otra parte, otro grupo de leñadores se encarga de recoger el producto y mezclarlo con otro que sí tiene papeles para evadir los retenes.
“El cocobolo no se compara con el precio de la madera de un Guanacaste o Cenízaro, por su calidad y estética es de la más buscada por los traficantes”, destacó.
BOSQUES SE HACEN LEÑA
Estos números traducidos en daños ambientales preocupan, ya que, según el monitoreo de cambio de uso en paisajes productivos, realizado en colaboración con diversas entidades gubernamentales y agencias de la ONU, coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se han perdido 5.568,98 hectáreas de bosque por concepto de tala y cultivo piñero entre 2015 y 2019.
Para tener una idea, se trata de un territorio equivalente a los cantones josefinos de Tibás, Goicoechea y Montes de Oca juntos.
Según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), hubo un total de 1.898 incidentes recibidos y 1.114 atendidos, relacionados con tala o remoción de árboles durante 2020 perpetrados por varias organizaciones criminales de pequeña escala.
En cuanto a las denuncias ambientales que entraron entre agosto de 2019 y noviembre del año anterior, la Fiscalía Ambiental contabilizó 1.700 y 2.000, respectivamente.
Sin embargo, se dijo que más de la mitad de las denuncias quedó archivada ya que el presupuesto de la institución y lo complejo del tema complica las labores de investigación.
30% ES ILEGAL
Las raíces de estas redes se extienden por todos los países de América Central. De acuerdo con la ONU, el 30% de la madera que se comercializa en todo el planeta es ilegal.
Para hacerse una idea, Brasil y Perú representaron el 71% de la pérdida de bosques primarios tropicales en la región latinoamericana, esto es como si Costa Rica, Panamá y parte de Colombia fueran deforestados totalmente.
El decomiso más sonado se realizó en Perú, donde la fiscalía ambiental de Iquitos intervino un millonario cargamento de madera de origen ilegal en la Amazonía que iba a ser exportado a Europa y Asia.
Se inmovilizaron 1.312 metros cúbicos valorizados en más de 1.6 millones de soles, es decir ¢175 millones.
El material le pertenecía en gran parte a la compañía Inversiones La Oroza, empresa que desde hace tres meses y por motivos similares tiene otro cargamento paralizado en el puerto de Houston, EE.UU.
DECOMISOS EN C.R.
Solo el año pasado, las autoridades dieron con el mayor cargamento de madera ilegal de la última década. Esto en Cutris de San Carlos, donde se localizaron 182 tucas de diferentes especies de madera, entre ellas caobilla, níspero, botarrama y cocobolo, con un valor de más de ¢18 millones.
Vale destacar que este tipo de material es el más buscado por las organizaciones ilegales.
Lo incautado se encontró en las propiedades de Inversiones Chale S.A. y Rusa Logística S.A., cuyo representante legal y presidente es el regidor Alexander Vargas Porras.
De igual forma, tal como lo dio a conocer DIARIO EXTRA en marzo del 2020, al director de Área de Conservación de Limón, de apellidos Cyrus Cyrus, se le investigó e incluso la Fiscalía pidió su cabeza por ser el principal sospechoso de cometer delitos como prevaricato, cambio de uso de suelo y tala ilegal de árboles. Este caso permanece en investigación bajo el expediente 16-000018-0611-PE.
CRISIS INVADE A LOS FINQUEROS
En esta línea es importante mencionar que el problema socioeconómico que enfrenta el país en los últimos años que se ve agravado por la pandemia, también ha llevado a algunos finqueros a vender árboles muy cotizados en el mercado negro a intermediarios que son colaboradores de los grandes traficantes de madera a nivel nacional.
Un claro ejemplo de esta situación sucedió el año anterior en Guanacaste, cuando una dueña de una parcela en Tamarindo, Guanacaste, fue declarada culpable por el delito de infracción a la Ley Forestal.
A la mujer la condenaron a pagar más de ¢700 mil y a ser parte de un programa de reforestación en la zona.
A quienes se sentencie por este delito se ven expuestos a pagar de ¢500 mil a ¢4 millones por concepto de daño ambiental, así como purgar tres meses de prisión dependiendo del escenario, esto conforme a lo establecido en el artículo 33 y 34 de la Ley Forestal.
BOSQUE DESANGRADO
A raíz del daño que causan los antisociales, el Área de Conservación Tempisque y el Parque Nacional Corcovado se han visto como los más afectados en los últimos años.
Las autoridades forestales aducen que son más de 25 bosques los que se cree sufren una deforestación continua, sin mucha respuesta de las autoridades ya que las denuncias no llegan hasta la central telefónica.
Solo en 2020, gracias a la poca o casi nula visita de turismo en las zonas mencionadas, bandas dedicadas a la tala, cacería, extracción de oro y narcotráfico aprovecharon la emergencia nacional para hacer de las suyas.
En este campo también destaca que escasean guardaparques y recursos para cuidar los 424 kilómetros cuadrados en todo el territorio nacional, que tienen en haber el 2,5% de la biodiversidad del mundo, según el Sinac.
POCA PLATA Y AUTONOMÍA
El último Informe Estado de la Nación también hace una crítica puntual al Gobierno: “Las instituciones ambientales que tienen tareas de control y regulación son las más débiles en financiamiento y autonomía, mientras que las más fuertes son las que manejan recursos naturales para proveer servicios públicos o apoyar el crecimiento económico”.
En otras palabras, estamos gastando muy rápido lo que más nos va a costar renovar y no estamos invirtiendo lo suficiente en cuidarlo para el futuro.
De las provincias más afectadas, Guanacaste figura como la primera.
AYUDAN AL PIB
Recientemente se dio conocer un informe por parte de los responsables de la iniciativa Waves (Alianza para la Contabilidad de la Riqueza y la Valoración de los Servicios de los Ecosistemas) del Banco Mundial.
Presentaron el documento junto a técnicos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Minae. Los resultados de cuatro años de trabajo dedicados a conocer en detalle los recursos naturales del país y sus vínculos con la economía indican que contribuyen en mayor porcentaje al Producto Interno Bruto (PIB) en 2%.
Esto incluye utilidades derivadas de la madera, otros productos forestales y actividades económicas que usan dichos materiales, pero ese porcentaje estaría reduciéndose drásticamente con la problemática de la tala y, blanqueamiento de madera.