Macho Coca utilizaba línea marina para robar combustible

Según investigaciones judiciales 

Un viejo conocido de la justicia fue detenido por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Limón, por figurar como sospechoso del delito de robo agravado, en perjuicio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Gilbert Bell, alias Macho Coca, se encuentra dentro de los detenidos en la provincia caribeña, junto con un hombre apellidado Hide, de 33 años.

De acuerdo con las investigaciones estos sujetos tenían una línea marina conectada a un predio de Recope, ubicado en Moín, la cual abastecía unos recipientes, como pichingas, estañones, hasta tanquetas, para guardar el combustible.

Luego de esto el grupo los transportaba a otros lugares mediante vagonetas, camiones o incluso autobuses modificados.

Randall Zúñiga, director del OIJ, detalló cómo trabajaba esta organización. 

“El modo de operar de esta supuesta organización era que cada vez que llegaba un barco a puerto con combustible en un punto intermedio de la transferencia hacían una toma ilegal y empezaban a extraerlo”, explicó.

Es importante destacar que cada uno de los barcos equivale a aproximadamente cuatro o cinco cisternas y que, en promedio, llegan cuatro al puerto. Se determinó que durante setiembre las pérdidas económicas superan los ¢80 millones.

“Tomando referencia de este tema, las ganancias para estos grupos criminales pueden rondar entre los ¢300 y ¢400 millones al mes. El OIJ en meses anteriores ha realizado intervenciones, donde se detecta que existe una estructura paralela entre el barco y los depósitos de Recope”, añadió.

Se consultó a Mario Arias, especialista en delincuencia organizada y anticorrupción, sobre el incidente y que tan difícil es realizar estas acciones e indicó que detrás de este grupo debe existir una serie de personas especializadas para poner una línea marina.

“Este tipo de actos, a su vez, se vinculan con el crimen organizado en alta mar, añadiendo una nueva dimensión a la problemática, afectando no solo la seguridad energética, sino a los ecosistemas”, comentó.

ROBO DE COMBUSTIBLE 

Durante lo que va del año se han detectado 3.4 millones de litros de hidrocarburos que han sido sustraídos del poliducto de la Refinadora, pero, además, cerca 99 tomas ilegales.

Esto representa no solo un riesgo para quienes lo sustraen, ya que pueden inhalar gases tóxicos, o darse hasta explosiones.

Karla Montero, presidenta de Recope, hace unos días conversó con Extra Radio y aseveró que desde 2018 se ha presentado el robo de más de 30 millones de litros de este hidrocarburo.

“De 2018, que tenemos los registros, hasta el 24 de setiembre se registran 30.5 millones de litros de combustible, lo que significan ¢200 millones que han sustraído de estas tuberías”, aseguró.

Además, del costo como tal, existen dineros para combatir la problemática ambiental generada por el derrame, el cual representa la mayor proporción relacionada con el gasto de este delito.

“En este mismo tiempo se han invertido ¢12.000 millones, dicho costo está dentro del inventario de Recope, el cual sí se traduce en la tarifa de la gasolina. Cada vez que hay una toma ilegal debemos mandar a nuestros equipos a tratarla y, además, toda la mitigación ambiental asociada”, destacó.

La mayor cantidad de hidrocarburo robado es el diésel, el cual equivale a un 50%, mientras que un 40% es combustible. Además, Montero expresó que la complejidad con la que se cometen estos delitos va en aumento.

“Hemos visto un cambio en la forma en la que se cometen los delitos. En principio veíamos lo que conocemos como seguetazo, lo que hacían era martillar un clavo grande en el poliducto, entonces salía el chorro y empezaban a llenar las pichingas, en cambio ahora realizan armaduras alrededor de la tubería, con abrazaderas y válvulas”, indicó.

A partir de 2020 el robo de hidrocarburos es considerado como un delito, el cual es penado con uno a cuatro años de cárcel, para quien transporte este tipo de material, mientras para el que lo roba la sanción va de cinco a 15 años.

No obstante, según mencionó la presidenta, se espera realizar una modificación a la Ley para poder unificar las sanciones.