Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deben ser cada vez más creativos para acomodarse entre muebles, miles de expedientes y no chocar con los compañeros, ya que en algunas oficinas del Poder Judicial se trabaja en condiciones de hacinamiento.
Randall Zúñiga, director de la policía judicial, evidencia la necesidad de contar con un edifico apto para las funciones que desarrollan sus oficiales que es de suma importancia para combatir el crimen organizado y la violencia que este ha generado en el último año.
DIARIO EXTRA tuvo acceso a varias oficinas, que por seguridad no serán mencionadas, donde se comprobó que los colaboradores están muy cerca los unos de los otros.
De acuerdo con Zúñiga, es fundamental contar con instalaciones adecuadas para realizar una mejor labor de preparación e investigación, con el fin de continuar golpeando a los grupos criminales.
El director del OIJ ha venido exponiendo la necesidad de construir un edificio, así lo hizo en la conferencia de prensa el 5 de diciembre, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y en entrevista exclusiva con El Periódico del Pueblo.
“Esa es la parte que a nosotros nos duele porque al final se atrasan las posibilidades de crecimiento para todo el personal. Es un personal muy comprometido aquí en el OIJ y si no se le da ningún apoyo, el mensaje que se envía es tremendo”, expresó.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda también ha sido enfático y reiterativo en su posición: no ha generado ningún tipo de recorte presupuestario para el Organismo de Investigación Judicial.
“El cambio de destino que solicita el OIJ modifica completamente el objetivo de asignación de estos recursos que, según lo externado por los y las diputadas, consiste en disponerlos para acciones inmediatas, con el fin de atender la escalada de criminalidad, tal como se dispone en la Ley 10419 del 1 de noviembre de 2023.
A diferencia de lo dicho por el OIJ, no existe una norma que sustente el traslado de estos recursos a un fideicomiso con tales fines (construcción de edificios)”, indicó el Ministerio de Hacienda mediante un comunicado.
NO A LOS RECORTES
La controversia en torno al recorte presupuestario al OIJ para el combate del crimen organizado continúa siendo un tema que genera reacciones de diferentes sectores, que se muestran preocupados por la discusión ante la ola de violencia y muertes.
“Como representantes oficiales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresamos pública y vehemente condena, enérgica condena a la torpe y sospechosa decisión que ha tomado el ministro de Hacienda con el apoyo del presidente Chaves de recortarle al OIJ ¢2.000 millones a su presupuesto, ya de por sí debilitado en los últimos años.
Ya no sabe uno qué pensar, si se van a decidir por la seguridad ciudadana o se van a decidir por facilitarle al crimen organizado su delincuencia”, manifestó Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP.
Por su parte, Walter Quesada Fernández, secretario general de la ANEP, dijo que la decisión de Hacienda solo aumenta la preocupación en temas de seguridad.
“Una de las mayores preocupaciones que tiene la sociedad costarricense es la seguridad y ha quedado demostrado en diferentes encuestas de opinión que se han generado a nivel nacional.
La gente siente que hay inseguridad por todo lado y nos extraña que bajo esas circunstancias se opte por hacer un recorte presupuestario de esa magnitud. Un error garrafal del Gobierno es no respaldar al Organismo de Investigación Judicial. Nos parece totalmente inaceptable que se esté actuando de esa manera”, expresó.
Mientras que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica envió un comunicado de prensa, en el cual recomienda al Gobierno no reducir el presupuesto de OIJ.
“La junta directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y su Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad emiten un respetuoso llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo para que hagan ejecutar la normativa ya aprobada por el Poder Legislativo sobre la presupuestación para el Organismo de Investigación Judicial y que con ello se materialice una vez más el tradicional respeto e independencia de los Tres Poderes de la República, estandarte democrático que hace de Costa Rica una nación valorada y respetada en el plano internacional, y a la vez atractiva para la inversión y el turismo, dos elementos esenciales para la economía y el desarrollo del país”, comunicó.
El director del OIJ también indicó en entrevista con DIARIO EXTRA que el tema del recorte presupuestario generará atrasos en los golpes al crimen organizado, que identifican la falta de coordinación entre los poderes de la República.
“Cuando yo digo que se puede ver fracturado el mensaje es el hecho que por un lado se intenta algo, pero de inmediato encuentras una traba, aunque la traba tenga un fundamento digamos entre comillas legal.
No es lo correcto, al final con el tema de estos ¢2.000 millones es la interpretación que hace don Nogui Acosta (ministro de Hacienda), eso es todo.
Él interpreta que un edificio no es necesario para el combate de la criminalidad, nosotros interpretamos que sí es necesario.
Ahí murió el asunto porque don Nogui, que al final es quien abre la llave o cierra la llave, dice no, eso no es importante para el combate. Ese es el mensaje que genera un vacío de poder y autoridad, eso lo aprovechan los grupos criminales”, finalizó Zúñiga.
EFECTOS DEL AMONTONAMIENTO
Entre los efectos físicos y psicológicos que se presentan producto del hacinamiento se encuentran:
•Sobreestimulación sensorial debido a los ruidos excesivos de teléfonos, impresoras mal ubicadas, música ambiental con volúmenes altos y las mismas personas que ocupan el recinto.
•Descenso en las capacidades cognitivas como la concentración, memoria, aprendizaje, entre otras.
•Dolencias músculoesqueléticas.
•Aumento en la frecuencia de accidentes.
•Mayor riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias provocado por la poca calidad del aire y problemas de temperatura.
•Cefaleas, depresión, ansiedad y estrés laboral.