En el umbral de un año clave para Costa Rica, la Asamblea Legislativa que retoma sus funciones enfrenta el imperativo de superar las divisiones partidarias y priorizar una agenda que responda a las necesidades más urgentes de la población.
El 2025, marcado por su carácter preelectoral, presenta una coyuntura crítica donde la madurez política de nuestros representantes será puesta a prueba.
La seguridad ciudadana emerge como uno de los ejes prioritarios que demanda atención inmediata. Los proyectos pendientes para fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública, modernizar los sistemas de vigilancia y endurecer las penas contra el crimen organizado no pueden seguir postergándose. La ciudadanía exige resultados concretos frente a una realidad que amenaza la paz social que históricamente ha caracterizado a nuestra nación.
En el ámbito económico, la iniciativa de jornadas laborales 4/3 representa una oportunidad para modernizar nuestro mercado laboral y potenciar la competitividad del sector productivo. Este proyecto, que propone una distribución más eficiente del tiempo laboral, podría catalizar la productividad empresarial y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, su implementación requiere un análisis detallado y un consenso que balancee los intereses de todos los sectores involucrados.
La eficiencia estatal constituye otro pilar fundamental que demanda atención legislativa. Los proyectos orientados a la simplificación de trámites, la digitalización de servicios públicos y la reducción de la burocracia son esenciales tanto para dinamizar la economía como para mejorar la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. La modernización del Estado no puede ser rehén de intereses político-electorales.
El contexto preelectoral no debe convertirse en un obstáculo para el avance de estas iniciativas cruciales. Tanto las fracciones de oposición como las oficialistas tienen la responsabilidad histórica de anteponer el interés nacional a las aspiraciones partidarias. La construcción de consensos y el diálogo constructivo deben prevalecer sobre la tentación de capitalizar políticamente los desacuerdos.
El 2025 no puede ser un año de parálisis legislativa ni de confrontaciones estériles.
