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Una vez más, la provincia de Cartago se convierte en el laboratorio perfecto para demostrar cómo el exceso de burocracia puede convertir una necesidad urgente en un calvario interminable. El nuevo Hospital Max Peralta, que debía iniciar construcción en setiembre próximo, ya no lo hará y permanece en el limbo administrativo mientras los cartagineses siguen padeciendo las consecuencias de un sistema de salud colapsado.
Los números no mienten: el actual hospital opera con una saturación del 160% en emergencias, debe alquilar 11 edificios en distintos puntos de Cartago a un costo anual de ¢263 millones, y enfrenta condiciones críticas de hacinamiento y riesgos sanitarios que requieren solución inmediata. Mientras tanto, la Contraloría General de la República y la CCSS intercambian culpas en un ping-pong burocrático que ya lleva meses de retraso.
La historia del Hospital de Cartago es un recorrido por todos los males que aquejan a la administración pública costarricense. Primero fue la empresa mexicana Prodemex, que en mayo de 2024 obtuvo la adjudicación por $314 millones, pero terminó retirándose alegando “incertidumbre legal y política” sobre la propiedad del terreno. Un año después, en marzo de 2025, la CCSS readjudicó el proyecto a Van der Laat y Jiménez por $398,9 millones, casi $85 millones más caro. Ahora, cuando parecía que finalmente se podía iniciar, el proceso de refrendo se convierte en una nueva pesadilla. La Contraloría solicitó 39 observaciones iniciales en julio, la CCSS respondió hasta agosto después de pedir dos prórrogas, pero al hacerlo modificó el contrato original, lo que generó nuevas solicitudes de información que aún no han sido atendidas.
¿Cuánto le cuesta al país esta ineficiencia? Los ¢263 millones anuales en alquileres de edificios para suplir la falta de espacio son solo la punta del iceberg. El verdadero costo se mide en vidas humanas, en la calidad de atención que no pueden recibir los cartagineses, en la pérdida de confianza ciudadana y en el desprestigio internacional que genera este tipo de procesos.
La inversión total del hospital, que ya escaló de ¢200 mil millones a cerca de ¢226 mil millones (según la nueva adjudicación), se encarece cada día que pasa debido a la inflación y los ajustes contractuales. Mientras tanto, el cronograma original que proyectaba la apertura para 2030 se vuelve cada vez más irreal.
Es comprensible y necesario que existan controles para evitar la corrupción y el mal uso de fondos públicos. Sin embargo, el sistema actual demuestra que es posible ser riguroso sin ser paralíticamente lento. Países como Chile o Uruguay han logrado procesos de contratación pública eficientes manteniendo altos estándares de transparencia.
Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, tiene razón al señalar que 39 observaciones iniciales parecen excesivas. Pero también es cierto que la institución tardó un mes en responder y luego modificó elementos del contrato, lo que complicó aún más el proceso. La Contraloría, por su parte, debe explicar por qué solicita tanta información de manera escalonada en lugar de hacer una revisión integral desde el inicio.
Los cartagineses no pueden seguir siendo víctimas de disputas políticas e institucionales.