La detención del mexicano Gonzalo Ramírez Santacruz junto con dos amigos suyos, ocurrida en el año 2017 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, podría llegar a someterse a análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esto porque su papá, Gonzalo Ramírez, señaló que llevará el caso hasta esa instancia internacional por las múltiples violaciones a los derechos humanos sufridas por el joven extranjero y sus amigos.
DIARIO EXTRA conversó con Ramírez padre, quien comentó que su hijo vino a Costa Rica a pasear cinco días junto con su amiga Mariana Montes y su amigo Javier Flores, todos ya habían visitado el territorio costarricense antes sin problema, pero era la primera vez que organizaban un viaje juntos para conocer más a fondo el país.
En medio de su aventura turística los contactó un sujeto de apellido Urrea a través de Mariana. En apariencia, les pedían que les ayudaran a llevar unos artículos a México, alegando que sería más barato comprarlos en Costa Rica y llevarlos en el equipaje para no pagar impuestos y que la intención era venderlos en territorio azteca.
Los tres jóvenes accedieron sin pensar en que se trataba de una irregularidad, así fue como se encontraron con Sergio Mondragón, quien les entregó varios relojes finos, los cuales, en apariencia, habían sido robados días antes en dos locales comerciales de Escazú, Esferas del Universo S.A. y Joyería Tiempo Global S.A.
“Tres de ellos sí se conocían, hay otros muchachos que ellos no conocían, que es el que les iba a entregar las cosas que iban a traer, a él no lo conocían. Ellos iban de paseo y es cuando les dijeron que, si se traían algunas cosas, porque les salía más barato traerlas de allá (C.R.) para no pagar impuestos, esa fue realmente la razón, en el aeropuerto los sorprendieron y los detuvieron y de eso ya fueron tres años”, contó.
El padre aseguró que, si la justicia costarricense insiste en la condena, pese a la falta de fundamentos, volverán a apelar.
“Tendríamos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que está en Washington porque la que está ahí en Costa Rica, que es una sede, por muchos comentarios dicen que después de cinco u ocho años van dando respuesta y la verdad es que esto no es para que se queden tanto tiempo ahí y yo iría directamente a Washington, y además llevar esta situación hasta Suiza, a la sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra”, afirmó.
Otra de las violaciones que asegura que se dieron en el proceso contra su hijo y sus amigos, fue en el Aeropuerto, donde tras las detenciones les violentaron los celulares, pues tras decomisarlos, aparentemente las autoridades ticas los obligaron a desbloquearlos para revisarlos.
Ramírez insiste que a su hijo y sus amigos debieron juzgarlos por receptación, más no por dos delitos de robo agravado como ocurre en la acusación de la Fiscalía.
APELACIONES
Contra estas personas se han anulado dos sentencias, esto gracias a las apelaciones de los familiares a través de sus defensores. La primera sentencia fue una condena por 16 años, la cual se apeló y se reenvió a juicio.
Posteriormente, en el nuevo juicio se condenó a 15 años de prisión a las personas, pero tras una nueva apelación se anuló.
En ese proceso se encuentra el proceso, en análisis de la Sala Tercera.
“La apelación ya se hizo, a ellos les dieron una condena de 15 años, ahora con la resolución de la apelación echaron para abajo todo esto, no procede la sentencia, ahorita está detenido el proceso porque hay una disconformidad y esto lo van a mandar a la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia, en este momento está en esa etapa porque son dos juicios y ha habido dos apelaciones”, explicó.
Dentro de las violaciones en el proceso, Ramírez indicó que el Ministerio Público está aferrado a que los jóvenes son parte de la agrupación que hizo los robos a las joyerías, pero aseguró que cuando los asaltos ocurrieron, ellos no estaban en Costa Rica.
Ante esto los padres de los jóvenes mexicanos creyeron que ya los dejarían libres, pero en el segundo juicio también se dio la condena a 15 años.
“Es cosa de que la Fiscalía resuelva y los deje en libertad porque ya no tiene elementos para juzgarlos ni condenarlos”, dijo.
Mientras todo se resuelve, los jóvenes continúan en prisión preventiva.