A seis años de que recibiera la primera orden para actualizar el Manual de Revisión Técnica de Vehículos Automotores en la sección de buses, el Consejo de Transporte Público (CTP) continúa dando largas al asunto y retrasa la aplicación obligatoria de la Ley 7.600 que ordena colocar rampas adecuadas para sillas de ruedas.
La última orden al CTP para aplicar dicha modificación llegó con los oficios CSV-DE-1647-2023 y CSV-DE-1518-2023, del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), donde una vez más se señala que debe de acatarse el Decreto Ejecutivo 40659-MOPT del 25 de setiembre de 2017 para aplicar los cambios en el manual de revisión.
Esos documentos indican también la obligación del director ejecutivo del CTP, Freddy Carvajal, de iniciar el trámite de publicación de las reformas al Manual.
Lo anterior debe de hacerlo con el apoyo de la Asesoría Técnica de Fiscalización Vehicular, “por lo que se solicita que de manera urgente sea conocido por la Junta Directiva de Consejo de Transporte Público y se remita el criterio correspondiente a la brevedad posible para realizar la comunicación oficial de lo resuelto”, dice el oficio CSV-DE-1647-2023 en poder de DIARIO EXTRA.
A pesar de que esta actualización se debía ejecutar desde 2017, en noviembre de 2018 el CTP empezó a retardar la aplicación de los cambios en el Manual, en ese momento a través de una solicitud al jerarca del MOPT de aquel entonces, Rodolfo Méndez Mata, de atrasar seis meses la entrada en vigencia del decreto.
Se dio la espera de medio año, pero de acuerdo con la información del Cosevi a partir de 2019 “no existiría obstáculo normativo alguno, ni justificación, para que no se hayan efectuado las modificaciones al Manual de Revisión Técnica Vehicular, para que el prestatario disponga de un instrumento con el fin de cotejar los requerimientos cada vez que acudan a las inspecciones los vehículos de transporte colectivo remunerado de personas y se detecten y señalen las faltas respectivas, de observarse algún incumplimiento”.
CAMBIOS NECESARIOS
Entre los principales cambios que pide el Decreto Ejecutivo al Manual de Revisión Técnica están modificaciones a los requisitos y características de los buses, dentro de los que se encuentran la composición de los asientos preferenciales, la instalación de piso de material antiderrapante, así como de las facilidades en las puertas de ingreso.
Asimismo, el mismo documento reglaría la profundidad de las gradas de entrada, la altura de las agarraderas, pasamanos y timbres, así como los espacios para las personas en sillas de ruedas.
De igual modo, actualizaría la colocación de dispositivos para el acceso de las personas con discapacidad motora, dentro de las cuales se incluyen rampas para sillas de ruedas o elevadores, punto que es el más criticado por los empresarios del transporte público.
Una vez que se apliquen dichos cambios en el Manual, durante el primer año esas faltas serán catalogadas como leves; para ser clasificadas luego como faltas peligrosas, por lo que, de encontrarse, el autobús no podría salir a la calle luego de la revisión.
OBJECIONES DE EMPRESARIO
Los oficios del Cosevi fueron conocidos por la junta del CTP en la sesión ordinaria 33-2023, celebrada en agosto anterior, en donde de inmediato el representante de los autobuseros Orlando Ramírez Bioley se apresuró a criticar que se les obligue a instalar dichos dispositivos, al afirmar que “algunos de los requerimientos que se están solicitando no tienen fundamentación y sustento técnico”.
De acuerdo con el empresario hay implicaciones “que son de imposible materialidad”, es decir, que no podrían ser cumplidos por las compañías de autobuses, como lo sería cambiar todas las rampas para sillas de ruedas por unas que aguanten 300 kilogramos.
Ramírez Bioley es presidente de las empresas Autotransportes Cesmag S.A., Autotransportes El Carmen de Tres Ríos, Consorcio Operativo del Este (Coesa) y Autotransportes Zapote.Además, fue uno de los compradores de bonos de campaña política del Partido Progreso Social Democrático, bandera con la cual resultó electo presidente de la República Rodrigo Chaves.
Finalmente, en la sesión 33-2023, la junta directiva del CTP acordó instruir a la dirección ejecutiva de la institución para que proceda a integrar un grupo de trabajo que analice el manual remitido por Cosevi, en el cual participarán también representantes del sector transporte.
¿QUÉ DICE AMADOR?
Para el titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y presidente de la junta directiva del CTP, Luis Amador, en este momento los buses sí cumplen con la ley, pero no de la manera en que él quisiera.
Amador comentó al Periódico de Más Venta en Costa Rica que en la actualidad las rampas de los autobuses tardan hasta ocho minutos para poder subir a una persona con movilidad reducida, debido a lo antiguo del sistema que utilizan.
Para el jerarca, lo ideal es que en Costa Rica se aplique la técnica que usan en otros países, la cual consiste en un sistema de pistones que bajan por completo al autobús a ras de suelo, de tal manera que las sillas de ruedas pueden rodar hacia el interior del medio de transporte.
“Queremos propiciar que las nuevas unidades de transporte vengan equipadas de esa manera, (con) puerta doble en el frente, puerta doble en el centro o atrás, plano, sin gradas y que se pueda arrodillar”, explicó Amador a este medio.
Para la cabeza del MOPT, antes que s-olo obligar a las empresas a que hagan los cambios, la vía más rápida para que se den dichas innovaciones es por medio de incentivos a quienes las apliquen.
“Es más fácil cuando empezamos a hacer ese recambio de flota vehicular y empezamos a premiar a los que hacen ese cambio”, expresó.
Amador comentó al Diario del Pueblo que la semana anterior su cartera envió al Ministerio de la Presidencia una propuesta de ley para que las empresas que compren autobuses con esas características dispongan de hasta 15 años para el pago de las unidades.