O reformamos el Estado Costarricense, incluyendo el Régimen Municipal, o la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico van a acabar con nuestro sistema de vida en libertad y en democracia. Eso es lo que está sobre la mesa.
Lo que ha pasado, ciertamente, es un tsunami político.
Aun así, lo que está atravesando el país va más allá de detener a una u otra persona, como bien lo ha hecho el Organismo de Investigación Judicial como consecuencia del Caso Cochinilla, pero igual en Acueductos y Alcantarillados o con el olvidado caso del cemento chino en la banca estatal y otros más.
¡Qué bueno y positivo que se destape abiertamente la corrupción pública y privada que existe en Costa Rica! Muchas de las cosas que están pasando en el país dan náuseas y la ciudadanía exige y reclama, con legítima razón, mano dura contra la corrupción pública y privada, la delincuencia organizada y el narcotráfico. Así debe ser y ese es el camino correcto, caiga quien caiga.
Pero no perdamos de vista el contexto en el que se desarrolla esa corrupción y la existencia de un problema estructural y funcional del Estado Costarricense que tiene que ver con la cantidad de trámites, la maraña legal y la ausencia de rectoría política efectiva y correcta entre 18 ministerios, 34 instituciones autónomas, 10 semiautónomas, 70 desconcentradas, 26 empresas públicas estatales y no estatales, 18 entes públicos no estatales y 83 municipalidades.
Nada, absolutamente nada, justifica la corrupción. Pero tampoco se justifica que el necesario y urgente debate sobre la reforma y modernización del Estado Costarricense esté fuera del debate electoral, como una exigencia y una prioridad ineludible e indiscutible, para reconstruir institucional, económica, social, ética y políticamente las relaciones entre el Estado y el resto del país.
El Estado Costarricense gestado durante estos 70 años de la II República llegó al límite de su funcionalidad operativa y se volvió, además de ingobernable, una costosa institucionalidad que vive de prestado, pagando deudas e intereses, sin dejar vivir a los ciudadanos que lo sostienen con impuestos y bloqueando con absurdos excesos de tramitología a los emprendedores y a todo aquel que quiera ganarse la vida de forma honesta y a base de trabajo.
Esa es la estructura de hierro en la que se mueve y opera la corrupción, a muchos niveles, para ganar contratos multimillonarios como en el caso Cochinilla, pero igual para adelantar una pequeña gestión o cumplir con alguno de los absurdos e innecesarios trámites que se exigen casi que para todo y en cualquier orden de cosas de la vida nacional.
Así, hemos llegado al límite de esta II República.
No enfrentar con firmeza, determinación y mucho liderazgo, la crisis integral que atravesamos, comenzando por la reforma y modernización del Estado Costarricense, sería una irresponsabilidad histórica, tanto como no tratar ante la ley, en igualdad de condiciones, a corruptores y corruptos. Son iguales.