Llamadas revelan colaboración de policías a “Diablo”

Las intervenciones telefónicas incorporadas al expediente judicial contra la organización criminal liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, revelan una presunta red de oficiales de la Fuerza Pública que, según la investigación, mantenía contacto con integrantes de la estructura para alertarlos sobre operativos policiales y suministrar información confidencial.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el análisis del flujo de llamadas permitió establecer que miembros de la organización mantenían comunicación con funcionarios públicos, principalmente policías destacados en Guápiles y Cariari de Pococí.

La tesis de los investigadores sostiene que algunos oficiales habrían sido reclutados para advertir sobre allanamientos, retenes, controles de carretera y desplazamientos del OIJ y de la Fuerza Pública, permitiendo que la organización ocultara droga, movilizara cargamentos o alertara a otros integrantes antes de las acciones policiales.

Uno de los principales vínculos documentados corresponde a Aragón Pérez, integrante de la denominada “Familia Aragón”, quien registró seis comunicaciones con una oficial de apellido Porras, destacada en el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) en Cariari.

Asimismo, mantuvo dos comunicaciones con el oficial Soto, conocido en las intervenciones como “Machillo el Policía”, quien laboraba en la Fuerza de Tareas de Guápiles.

Aunque el expediente no detalla el contenido de las llamadas con Porras, los investigadores consideran que estas comunicaciones respaldan la hipótesis sobre la colaboración de algunos funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública con la organización de “Diablo”.

Avisaban antes de los operativos

En otra de las intervenciones, Soto presuntamente llamó a José Aragón para advertirle que la Fuerza Pública, el Ministerio de Salud y la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) preparaban un operativo contra el Supermercado y Licorera Aragón, en Astúa Pirie de Cariari.

Durante la conversación, el policía le indicó que pretendían clausurar el negocio y le recomendó mantenerse atento para evitar que lo sorprendieran.

Tras recibir el aviso, Aragón comenzó a llamar a otros miembros de la organización para advertirles de las inspecciones e incluso comentó que la información provenía de “un mae que bretea ahí adentro de la Fuerza Pública”.

“El de los azules”

Otra comunicación interceptada el 24 de abril de 2022 dejó al descubierto la existencia de un presunto informante dentro de la Fuerza Pública.

Durante la conversación, “Gato Covid” relató que un sujeto al que identificó como “el mae que trabaja con nosotros de los azules” lo llamó para consultarle quién conducía un vehículo Hyundai Elantra que estaba siendo buscado.

Según la interpretación del OIJ, la expresión “los azules” era utilizada para referirse a un oficial de la Fuerza Pública que colaboraba con la organización.

Los investigadores consideran que esa frase confirma que miembros de la estructura tenían acceso a información privilegiada proveniente de funcionarios policiales.

Exoficial también aparece en expediente

El expediente también vincula al exoficial de la Fuerza Pública de apellido Portugués, alias “Culín” o “Gallo”, con integrantes de la organización.

El análisis telefónico determinó que el número atribuido al exfuncionario registró 22 comunicaciones con Jiménez Zúñiga, además de otras llamadas con Villalobos Ocampo, alias “Volatic”; Sánchez Guzmán y otras líneas asociadas al mismo “Gato Covid”.

Para el OIJ, estas relaciones evidencian un contacto directo entre el exoficial y varios miembros de distintos niveles de la organización criminal.

Presunta red de apoyo

El OIJ también concluye que la filtración de información no sería un hecho aislado, sino parte de una presunta red de colaboración integrada por varios oficiales de la Fuerza Pública destacados en Pococí, quienes, según la investigación, advertían sobre operativos, controles de carretera e incluso colaboraban en el resguardo y traslado de droga.

Para los investigadores, esa supuesta ayuda permitió que la estructura criminal permaneciera activa durante varios años, expandiera sus operaciones y fortaleciera actividades vinculadas con el narcotráfico, homicidios, robos agravados y legitimación de capitales.

El expediente atribuye al oficial investigado la presunta comisión de delitos relacionados con corrupción agravada y divulgación de secretos, al considerar que aprovechó su condición de funcionario público para beneficiar a la organización criminal liderada por alias “Diablo”.

No obstante, las conclusiones expuestas corresponden a la hipótesis planteada por la investigación y deberán ser valoradas por los tribunales durante el proceso judicial.