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Un nuevo sitio web que permite exponer supuestas infidelidades, conocido como Registro Nacional de Infieles (RNDI), se ha vuelto viral en las últimas horas, especialmente entre la población joven.
La plataforma ha generado una intensa conversación y debate en Costa Rica y en otros países sobre la privacidad, los límites de la exposición pública y los riesgos de compartir información personal en internet. Su rápido crecimiento subraya la tensión entre la denuncia anónima y la seguridad de los datos.
Aunque el RNDI se presenta como un espacio de “contenido ficticio”, la forma en que se solicitan y muestran los datos ha levantado preocupación por el posible uso indebido de la información.
Para publicar un “nuevo registro”, los usuarios deben ingresar país, ciudad, nombre, apellidos, edad y sexo. Además, ofrece campos opcionales altamente sensibles, como correo electrónico, número de teléfono y lugar de trabajo.
El RNDI reporta, al momento de esta publicación, más de 24.000 historias registradas, provenientes de España, Uruguay, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Puerto Rico, Honduras, Perú, Venezuela, Panamá, Guatemala, Colombia, Paraguay, Argentina y otros países.
La plataforma asegura contar con un mecanismo de reporte: si se detecta información sensible o violaciones a las normas, se elimina la publicación; si no, permanece disponible.
En paralelo, se viralizó un archivo de Excel donde cientos de usuarios agregaron nombres, descripciones, datos personales e incluso lugares de trabajo.
El archivo circuló masivamente en X, TikTok y WhatsApp, replicando los mismos riesgos de exposición sin control ni verificación.
El Licenciado en Derecho Tlacatl Kabul Ugalde advirtió que difundir datos personales sin autorización puede tener consecuencias legales serias en Costa Rica.
Destacó que es un tema delicado, ya que difundir información así podría constituir un delito, especialmente si se revela identidad o datos sensibles.
Recordó que en Costa Rica existe el derecho de imagen (artículo 47 del Código Civil). Publicar información o imágenes que causen daño puede obligar al responsable a indemnizar a la víctima, según el artículo 1045 del mismo código.
Además, advirtió que el artículo 196 bis del Código Penal, sobre violación de datos personales, establece penas de uno a 3 años de prisión, y hasta 4 años en casos agravados, para quienes publiquen, difundan o traten indebidamente información privada sin consentimiento.
El abogado también destacó que la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968) contempla sanciones administrativas de alto peso económico.
Las faltas gravísimas pueden sancionarse con hasta 30 salarios base.
En Costa Rica, el salario base actual es de ₡462.200, por lo que la multa puede llegar a:
₡13.866.000 (casi 14 millones de colones).
Esto solo por la sanción administrativa, sin incluir otros daños.
A esto se suma la posible indemnización por daño moral y perjuicios establecida en el artículo 1045 del Código Civil, lo que podría elevar la suma a montos millonarios si la publicación causa afectación emocional, laboral o reputacional.
El abogado advierte que quienes actúan movidos por la ira, impulsividad o deseos de represalia, y publican información de otras personas en redes sin base legal, se exponen a:
“Divulgar información de una persona, al responsable le puede traer serios problemas legales (…) por el simple hecho de hacer publicaciones en redes sociales, sin contenido legal y ocasionándole serios daños y perjuicios a una persona”, concluyó.



