Un grupo de cámaras empresariales del sector alimenticio se unieron para presentarle a los diputados una propuesta, en donde pretenden reformar el artículo 10 de la Ley de Licores, que determina los montos a pagar trimestralmente por concepto de licencias.
Esta propuesta, la cual es liderada por la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), propone que en lugar de que los lugares que venden licor paguen de uno a cuatro salarios base cada trimestre (entre ¢480 mil y casi los ¢2 millones); el rubro se determine en función de los ingresos brutos anuales y sobre ellos se pague el 0,02%, lo cual es lo mismo que decir ¢2 por cada ¢10 mil que vendan. Mientras que los restaurantes y minisúper solo pagarían ¢1 por cada ¢10 mil.
Anterior a esta normativa, los patentados estuvieron pagándole a las municipalidades entre ¢75 y ¢300 por tener derecho a vender licor en sus negocios. No obstante, las limitaciones para poder adquirir esos permisos hizo que muchos comenzaran a venderlas y lucrar de las mismas, de manera que el dueño de un local que no tenía patente propia pagaba ¢300 a la municipalidad y ¢1 millón por mes al dueño de la patente para poder explotarla.
Este es el negocio que los diputados intentaron erradicar con la aprobación de esta normativa, ya que además ahora la cantidad de licencias que se dan es menos restrictiva y no tiene precio de venta, según la ley, solo el pago del canon trimestral.
Dentro de los puntos de la propuesta se tiene claro que el cobro de esta patente de licores se establecerá por los ingresos totales del local comercial, sin que se haga diferenciación entre abarrotes, utensilios de limpieza, entre otros. El sistema de cobro es similar al que se utiliza para determinar el monto de la patente comercial. No obstante, según explicó Miguel Burgos, presidente de Cacore, este es el remedio más sencillo para resolver esta problemática por la que pasan lo comerciantes en este momento.