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El Gobierno Estudiantil del Liceo de Costa Rica solicitó a la Asamblea Legislativa ser escuchado en la Comisión de Gobierno y Administración antes de que se avance con el expediente 25.725, la ley de desarrollo del proyecto de Ciudad Gobierno, una iniciativa de $450 millones que pretende albergar más de 30 instituciones públicas en un solo complejo en San José.
Según explicó en una misiva el abogado del Gobierno Estudiantil, Francis Tejada, la iniciativa le haría perder al menos un 33% de su patrimonio inmobiliario sin compensación.
La solicitud está dirigida al diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Juan Manuel Quesada, presidente de la Comisión de Gobierno y Administración. La firman el presidente del Gobierno Estudiantil, Dave Alessandro Sotelo, y su abogado, Francis Tejada.
El proyecto pretende derogar la Ley 5570, del 30 de agosto de 1974, que otorga al Liceo la propiedad de un inmueble de 10.000 metros cuadrados (Folio Real 1-45513-000). Indican que, de aprobarse, el colegio perdería ese terreno sin que se haga una compensación.
El documento sostiene que desde 2012 el Liceo recibía unos ¢182 millones anuales por el alquiler de esa propiedad al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Tejada afirma que el 9 de noviembre de 2023 el MEP, el MOPT y una Junta Administrativa del Liceo firmaron un convenio para entregar la propiedad de forma gratuita.
Esa Junta, según el escrito, fue nombrada en 2021 sin seguir lo que establecen los artículos 41 y 43 de la Ley 2160, Ley Fundamental de Educación.
Se mencionan los siguientes procesos:
Los gestores piden que se cite a la exministra de Educación Ana Katherine Müller Castro, hoy diputada, a quien atribuyen haber ordenado las demoliciones, y al regidor josefino Álvaro Sala Carvajal.
El escrito dice que el director del Liceo, Lenin Alvarado Porras, reconoció ante la Comisión de Gobierno y Administración de la Municipalidad de San José, el 1.º de octubre de 2024, que demolió los edificios por órdenes de Müller.
“El director Lenin Alvarado Porras reconoció que fue siguiendo órdenes de la exministra Müller que mandó a demoler los edificios que ocupaban la manzana que motiva este oficio”, dice la misiva.
Los solicitantes aclaran que no se oponen a Ciudad Gobierno, pero piden que se respete el ordenamiento jurídico, y se dicen abiertos a una conciliación.

